Este lunes 13 de octubre, en el Polo Judicial de Mendoza, declaró Johana Vera, hija de Edgardo Vera —presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata— en el marco de la causa por supuestas amenazas contra los asambleístas Federico Soria y Mauricio Cornejo, referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Durante su testimonio, la joven no reconoció a ninguno de los dos en la escena del incendio ocurrido el 24 de enero en el supermercado de su padre, en medio de una protesta contra el proyecto minero San Jorge.
La persecución contra defensores del agua recrudeció cuando se reactivó el expediente de San Jorge
“No podía entender la violencia por la simple razón de estar a favor de la minería”, expresó Vera hija, en una declaración que, lejos de fortalecer la acusación, fue destacada por la defensa como prueba de la debilidad del expediente. “Lo más importante es que no reconoció a Mauricio y a Federico en la escena del incendio”, subrayó el abogado Marcelo Romano, defensor de los vecinos.
La causa, que lleva más de siete meses de tramitación, se inició por una denuncia de Edgardo Vera contra Cornejo, que derivó en una imputación por “amenazas coactivas agravadas”. Luego, Vera amplió la denuncia contra Soria, sin presentar testigos ni pruebas directas. Ese mismo día, se ausentaron de la citación judicial Carlos Ferrer —presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza— y el comerciante Laureano Manso, ambos convocados a declarar.
El Mostro, el incendio y una disputa personal
El episodio del 24 de enero coincidió con la inauguración de una oficina de la cámara que preside Vera y terminó con un principio de incendio en su local comercial. Por ese hecho fue condenado Miguel Pablo González, alias “El Mostro”, quien admitió haber prendido fuego parte del supermercado durante la manifestación. Aunque se presentó como integrante de las asambleas por el agua, los propios vecinos desmintieron su pertenencia al movimiento.
El propio Vera reconoció que mantenía con González una vieja rencilla personal, sin relación con la protesta ambiental. Sin embargo, el oficialismo y operadores mediáticos utilizaron el episodio para criminalizar la movilización contra San Jorge.
La trama se volvió aún más espinosa cuando se reveló que Stefani González, hija del agresor condenado, milita en la Juventud Radical de Las Heras junto al intendente Francisco Lo Presti. Según la gacetilla oficial de la UCR, Stefani asumió como autoridad partidaria en el comité lasherino, acompañada por Daiana Gatica y Facundo Valdemadier. Lo Presti, que intentó sin éxito ser querellante contra los vecinos ambientalistas, omitió públicamente este vínculo directo con la familia del único condenado.
San Jorge como telón de fondo
La causa judicial contra Soria y Cornejo se origina en una manifestación en defensa del territorio frente al avance del proyecto minero San Jorge. Según la acusación fiscal, Soria habría protagonizado actos violentos contra personas que apoyaban la instalación de la minera. Pero la defensa sostiene lo contrario: que fue un grupo de manifestantes vinculados a la UOCRA quienes agredieron físicamente a miembros de la Asamblea, entre ellos Flavio González, provocándole lesiones graves.
Estos hechos están acreditados en otro expediente —el P-11616/25— que tramita en la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional. Sin embargo, el fiscal Juan Manuel Sánchez habría omitido acumular ambos expedientes, violando el principio de unidad de investigación y el deber de objetividad, según denunció la defensa.
