La jueza Claudia Tula se declaró incompetente para resolver la denuncia del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera, contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, dos vecinos y asambleístas detenido tras protagonizar protestas contra San Jorge. Ordeno, por tanto liberarlos.
Aunque en lo formal Tula envió el expediente a la Justicia Federal, que puede aceptarla o girarla a la Corte Suprema de la Nación, esto quiere decir que "la causa se cayó", como resumió Alfredo Guevara, abogado de Soria.
El encarcelamiento de Soria y Conejo marca un hito en la persecución de la protesta en Mendoza, con un rol decisivo de a Justicia como ariete del oficialismo.
Precisamente, con el fin de exponer la actuación de los fiscales en la persecución a vecinos y asambleístas de Uspallata encarcelados tras protestar contra la mina San Jorge, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) explique porqué siguen detenidos.
El MPF es conducido por Alejandro Gullé, con gran sintonía en las políticas punitivistas con Alfredo Cornejo.
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El rol del oficialismo
Desde que comenzaron las protestas, y después con el encarcelamiento de Cornejo, el oficialismo jugó un rol activo contra los vecinos tildándolos de terroristas en las redes -el caso de la Vicegobernadora Hebe Casado es el de mayor rango institucional- y fogoneando la confusión en la opinión pública mezclando a quienes protestaban por la minería con el ataque a un negocio.
El intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, fue más allá intentando ser querellante en la causa, aunque esta chance fue descartada por la justicia.
Mientras pasaban las semanas, Cornejo -detenido a fines de febrero-seguía en el calabozo y se multiplicaron las protestas en Uspallata, Ciudad, en la Vendimia y en el Polo Judicial. El gobierno, mientras tanto, hizo caso omiso y redobló su participación en foros mineros, donde intentó promocionar a Mendoza como tierra de leyes blandas, impuestos bajos y licencia social para la megaminería.
