“No creo que sean hechos aislados. Creemos que es una mecánica que la policía utiliza para ejercer algún tipo de control sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, consideró el subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza, Juan Manuel Gonzáles, tras interiorizarse de los detalles que rodean la muerte del joven Gabriel Franco, encontrado sin vida en Alvear, habitante de un barrio pobre de ese departamento. La madre del adolescente, fallecido a los 16, describió el caso con soprendentes similitudes al devenir de complicidades y negligencias en el caso de Luciano Arruga.
La violencia institucional visibilizada por el caso de Luciano Arruga -enterrado como NN hace cinco años y ocho meses- está presente en la denuncia insistente de su madre hacia los policías de la Comisaría 14 de General Alvear y funcionarios judiciales. Hay similitudes, además, en sus historias de vida: ambos eran jóvenes provenientes de barrios pobres. Ambos, cuentan sus familias, fueron objeto de acoso policial.
"Hace tres años que la policía empezó a perseguir a mi hijo porque era morocho y se vestía con zapatillas Adidas y usaba visera”, explicó en una entrevista radial Santana con quien vivía el joven en el barrio “El Matadero” junto a otros tres hermanos, el mayor de ellos de 18 años.
El deceso de Gabriel ocurrió luego de una detención y posterior golpiza que le provocó ser internado. “En ambos delitos están implicados policías que actúan en la comisaría 14 -dependencia con graves antecedentes de violencia y abuso policial contra los menores pobres de la zona, inclusive la ejecución extra sumarial de Andrés Sosa por parte del oficial Pablo Colilaff- bajo mando del comisario Daniel Mendoza, otrora sospechado de haber intervenido hace 17 años en el asesinato de Sebastián Bordón”, señalaron en Radio Nacional.
“Desde la Subsecretaría estamos intentando llevar adelante un programa integral para proteger a la sociedad de los casos de violencia institucional. Lamentablemente, se trata de una situación compleja porque la policía posee sus propios mecanismos de funcionamiento que por ahí evaden a las autoridades civiles”, afirmó el funcionario tras reunirse en Alvear con Santana, tras lo cual el organismo que preside analiza constituirse en querellante de la causa.
Franco fue hallado sin vida el 25 de agosto en General Alvear, luego de que su madre lo retirara del hospital tras una golpiza que le propinaron policías de la comisaría 14 de ese departamento el día anterior a su muerte.
Acompañaron a Gonzáles la diputada provincial por el Frente Para la Victoria Marina Femenía y el director de Protección de Derechos Humanos, Emilio Baez, quienes mantuvieron reuniones con el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción, Néstor Murcia, a quien se le preguntó sobre el estado actual del expediente, y con la madre de Gabriel y sus familiares, que, además, se reunieron con el intendente Juan Carlos De Paolo.
Los funcionarios se entrevistaron también con Marcelo Calipo, a cargo de la Comisaría 14 de Alvear, a quien responsabilizaron "por cualquier hecho que pueda ocurrirle a los testigos que tiene la causa, debido a las denuncias realizadas por el hostigamiento permanente practicado por los efectivos locales", señalaron tras el encuentro.
Baez se refirió al estado del caso: “Hay doy expedientes, uno donde se está investigando la averiguación de la muerte de Gabriel Franco, a partir del cual surgieron declaraciones a partir de las cuales se desprendió una nueva investigación por vejaciones y apremios ilegales por parte de la policía, debido al comportamiento que tuvieron durante la detención de Gabriel Franco”.
