Asamblea Legislativa

Suarez ensalzó la política para avanzar "en forma masiva" con el fracking en Mendoza

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Rodolfo Suarez insistió en la Asamblea Legislativa las intenciones del oficialismo de avanzar "en forma masiva" con el fracking en Mendoza.

"Ha comenzado la campaña de exploración sobre el recurso no convencional en la formación norte de Vaca Muerta. Se prevé una inversión para esta etapa de 17 millones de dólares que, de dar resultado favorable, puede abrir camino a un desarrollo masivo que impactará positivamente en la economía de toda la provincia, particularmente en el sur", remarco el mandatario.

Se refirió así a las perforaciones de YPF con fracking en la lengua norte de Vaca Muerta, que yace bajo Malargüe y San Rafael. En el yacimiento malargüino comenzaron con la explotación de dos pozos, pero está planificado perforar 192 más.

YPF comenzó a perforar pozos con fracking en la lengua norte de Vaca Muerta, que yace bajo Malargüe

Suarez relajará exigencias en las licitaciones para entregar más rápido a las empresas pozos convencionales y de fracking

El fracking, impuesto por Cornejo de manera ilegal

A través de un decreto, Alfredo Cornejo autorizó en Mendoza el avance del fracking sin darle difusión. El exgobernador avanzó en silencio a sabiendas de que tendría gran resistencia social -demostrada luego en diciembre de 2019 cuando se quiso modificar la Ley 7722- . Todo se logró con la complicidad del Poder Judicial, dela Fiscalía de Estado y de los medios de comunicación.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentinas realizó un completo informe sobre las demandas que arreciaron contra Cornejo, y contra el Departamento General de Irrigación tras la imposición del fracking.

"El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza autorizó la inyección de 2 millones de litros de agua (2.000 m3), en el ámbito de un supuesto procedimiento experimental y violando la legislación local, sin audiencia pública, ni declaración de impacto ambiental. La autorización también violó la Constitución Nacional, los Tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente los referentes a las Comunidades indígenas sin garantizar el consentimiento y la consulta libre, previa e informada", denuncian los abogados.

 

 

 

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