En línea con la cooptación total de entes de control que ejerce el cornejismo, Rodolfo Suarez envió esta semana a la Legislatura un pliego para extender el mandato de Gabriel Balsells Miró al frente de la oficina de investigaciones administrativas y ética pública, cargo que ocupa desde 2018, por otros cinco años.
Balsells Miró, ex legislador de la UCR, fue colocado en el cargo por Alfredo Cornejo. Suarez pretende dejarlo en ese sitio por otro lustro, tal como hizo, de manera inédita, con el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, una pieza clave para el oficialismo en su plan de expansión del fracking con licitaciones blandas y rebaja de regalías por decreto.
En el plan del oficialismo apareció, sin embargo, la objeción de una exaliada de Suarez: Mercedes Llano (PD), quien para contrarrestar la movida de Suarez presentó un proyecto para ponerle coto al tiempo de mandato de quien esté al frente de la oficina de ética pública.
La ley en cuestión no impide la reelección de Balsells Miró y eso apunta a cambiar el proyecto de Llano. La iniciativa del oficialismo será tratada en una audiencia pública (que no es vinculante) y luego debe pasar por el Senado, donde el oficialismo tiene la mayoría de los votos para que el pliego pase sin problemas.
La legisladora ya ha cuestionado en sus intervenciones públicas el andamiaje de poder construido por Alfredo Cornejo para manejar los distintos estamentos estatales durante su gobierno y al dejar el sillón de San Martín.
Cuando estalló el escándalo por el pacto de Suarez y el pastor Héctor Bonarrico para que no se presentara a elecciones, Llano apuntó: "El caso Bonarrico es sintomático de un sistema que se ha instaurado en nuestra provincia, un sistema que tiene que ver con mecanismos de cooptación de voluntades, que está inserto y alimenta la consolidación de un sistema caudillista con notas muy claras de autoritarismo que han destruido nuestro sistema republicano y democrático. Sustenta la política como negocio y no como servicio. Beneficia a una corporación política con ansias de perpetuarse en el poder".
Y se explayó sobre la oficina de ética pública: "Avanzaron sobre la oficina de ética pública, se presentan denuncias, quedan estancadas en ese ámbito. Negocios con Fiscalía de Estado, nos hemos cansado de presentar denuncias y ninguna prospera".
Las modificaciones que impulsa Llano
- Cambios en los requisitos para la selección del cargo a través de un período de carencia, es decir que el elegido no pertenezca a ningún partido político ni haya tenido actuación en la función pública en los últimos diez años. Con esta propuesta se busca despolitizar el cargo y brindarle mayor independencia. Además, debe ser elegido mediante el voto público de los dos tercios de los miembros de Senado a los fines que la idoneidad, prestigio e independencia del postulante sean tales que conciten altos niveles de consenso Legislativo.
- Darle pleno poder al Auditor para investigar actos de corrupción, a través de todo tipo de acción judicial como legitimado activo, con el fin de que pueda evaluar e investigar las distintas variaciones patrimoniales de los funcionarios y legisladores de la Administración Pública.
- Prohibición de reelección. Una vez que termine su mandato de cinco años no puede ser reelecto para el mismo cargo.
- Inclusión de la figura de las denuncias anónimas como herramienta de investigación, siempre y cuando se encuentren especificadas, exista gravedad en el hecho denunciado y aceptar si el denunciante decide conservar el anonimato
