Rodolfo Suarez asumió la Gobernación desconectado de la realidad. Su primera acción de gobierno lo enfrentó con la sociedad. En un rato dilapidó el capital político que heredó de su antecesor, Alfredo Cornejo. El ex gobernador fue el factor decisivo para el 52 por ciento de los votos que sentaron al ex intendente de la Capital en el despacho principal del palacio de la calle Peltier.
"Obtuvimos el 52 por ciento de los votos, eso parece que no es el consenso social”, espetó el mandatario mientras anunciaba la muerte de la ley del cianuro. Parecía sincero, lo cual es más grave. La desconexión con la razón es evidente. Nadie con conocimiento de esta provincia podía creerse que el 52 por ciento que sacó el partido de gobierno en Mendoza obedeció a la tracción minera del electorado.
La habilitación de la minería con cianuro y otros contaminantes sólo desvela a quienes tienen planes de negocios con los metales o los futuros dueños de esos metales. Suarez creyó que los votos a su candidatura eran un cheque en blanco a su plan basado en el derrame minero. Falló en el cálculo.
Suarez no esperó ni un día: mandó este martes el proyecto para liquidar la Ley 7722
Los recursos naturales son del Estado mientras están enterrados, una vez en la superficie y con valor comercial son de la empresa que los sacó. La riqueza minera es para las empresas que negocian los metales, para el Estado y la sociedad quedan el derrame.
Suarez llegó al gobierno con un plan dependiente del derrame minero. Y expresó sin ambigüedades que iba por la minería como antídoto para la inmensa pobreza e indigencia que heredó. La segunda parte del plan era accionar la habilitación para la reelección. Minería y reelección es una secuencia perseguida por todos los mandatarios provinciales elegidos en este siglo. No funcionó hasta ahora.
Cornejo le deja a Suarez una provincia con 12% más de pobres que cuando asumió, y 78% más de indigencia. El ex gobernador se fue con menos empleo privado en blanco que cuando asumió y una deuda en dólares que sus opositores calculan, entre vencimientos de intereses y capital, entre 110 y 130 mil millones de pesos, solo 10 mil millones menos que el último presupuesto de la Provincia.
Suárez asume una provincia con más pobres, más indigentes y menos empleo privado en blanco
La minería no tuvo nada que ver. Las condiciones para su desarrollo no cambiaron antes y después de Cornejo. El empeoramiento de la calidad de vida de miles de mendocinos no obedeció a la imposibilidad para usar cianuro en la minería. Suarez presentó a la desastrosa realidad social y económica que le dejó Cornejo como el principal argumento para consentir las exigencias del lobby minero.
Por más que Suarez se hubiese aguantado la resistencia popular, la minería metalífera con lixiviación en líquidos peligrosos contenidos en piletones a cielo abierto entre los cauces de la montaña estaba condenada al conflicto. El lobby minero consiguió una ley vacía de legitimidad. Para hacerla valer, se hubiese tenido que enfrentar a una multitud de conflictos, que serían imposibles de resolver por una vía distinta a la represión.
El gobernador abonó la hipótesis que necesitaba para justificar esa alternativa, hasta que cayó en la realidad: se había quedado solo. El viernes en la mañana, el más experimentado legislador radical de la provincia le había adelantado a uno de sus pares del Frente de Izquierda y de los Trabajadores que la derogación de la 9209 era irreversible. Había que decidir cómo comunicarla, nada más. "Se lo están pidiendo hasta los intendentes nuestros", ahondó el calvo legislador en la charla.
Informe Explícito: El lobby minero sucumbió ante la resistencia popular
Horas más tarde, Suarez convocó a los intendentes de todos los departamentos para darle marco al mensaje de capitulación. En menos de 20 días, el mandatario se rifó una cuota incalculable del poder con el que asumió. Su desembarco en la Casa de Gobierno se produjo por una vía paralela a la realidad. Antes de que se cumplieran 24 horas de la toma del mando, el gobernador estaba mandando a la Legislatura una sentencia de muerte a la Ley 7722, desconociendo la capacidad de resistencia de la normativa que le quita el sueño a los empresarios extractivistas.
Se creyó que el 52 por ciento de los votos eran de él, y que podía disponerlo como le venía en ganas. Y que con la pauta destinada a las empresas periodísticas de la provincia, que -en muchos casos- son parte del lobby minero sin necesidad de pauta gubernamental, podría disciplinar la rebelión social. El cruce con la realidad lo dejó en estado de shock producto de la sorpresa.
Cayó la ley minera de Suarez: pedirá la derogación a la Legislatura
“Las redes sociales tienen un rol que muchas veces funcionan de distintas maneras que es muy difícil comunicar desde los medios tradicionales lo que queríamos”, expresó el gobernador en la comunicación que armó para aceptar la derrota frente a los "violentos, desinformados e ignorantes", como había tratado hasta un día antes a las multitudes que salieron a las calles a decirle que no a al proyecto madre de su plan de gobierno.
El gobernador cree, a juzgar por sus declaraciones, que perdió por culpa de los fierros. Los medios tradicionales, a su servicio, fueron impotentes ante las redes sociales, al servicio de la movilización popular, implica el razonamiento del jefe del Ejecutivo.
Los medios que le fallaron a Suarez lo habían ayudado en su plan para construir a un enemigo inexistente: unos grupos arrastrados por oscuras fuerzas de izquierda con métodos violentos. La información sobre tal monstruo fue aportada al mandatario por los servicios de inteligencia del Ministerio de Seguridad, reveló un medio atado a la estrategia de Suarez. Una falacia más en esta historia.
