A dos décadas de la sanción de la norma que reconoció su preexistencia étnica y cultural, las comunidades huarpes del secano lavallino enfrentan un nuevo intento por limitar sus derechos territoriales. Con movilización, testimonio y resistencia, rechazan un proyecto que califican como regresivo y violatorio de la Constitución.
Por tercera vez en pocas semanas, la Legislatura de Mendoza fue escenario de una pulseada clave en torno al futuro del Pueblo Huarpe Milcallac. Esta vez, las comunidades no llegaron solas: lo hicieron acompañadas por documentación, denuncias penales, canciones de resistencia y una memoria que no olvida.
Salieron del desierto y viajaron hasta la ciudad movidos por el proyecto de Alfredo Cornejo para derogar parcialmente la Ley N.º 6920, aprobada en 2001 y consolidada en 2010 mediante el Decreto 633, que adjudicó tierras fiscales a más de una decena de comunidades huarpes de Lavalle.
La propuesta oficial pretende eliminar los artículos que ordenan la expropiación de tierras privadas, bajo el argumento de que su ejecución es “de imposible cumplimiento” por obstáculos judiciales, altos costos y falta de información catastral. Pero para las comunidades, esta iniciativa es un “atropello” que pone en jaque conquistas históricas.
“La ley es clara. Y si es ley, debe cumplirse”, enfatizó Darío Jofré, miembro de la comunidad de Laguna de Guanacache. Con la voz entrecortada y la convicción de quien ha transitado años de lucha, agregó: “Este proyecto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y los convenios internacionales. No se nos consultó, no nos convocaron. Arbitrariamente decidieron derogar ocho artículos que garantizan nuestros derechos”.
Reunión en La Majada
La semana pasada, en La Majada, más de 300 comuneros huarpes se reunieron con legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías. Allí, Ramón Tello, presidente de la comunidad de San Miguel, entregó documentación oficial que desmiente los fundamentos del proyecto: planos de mensura, depósitos judiciales y acreditaciones de personería jurídica otorgadas por el INAI. “No somos dos o tres, como dijo el ministro Mema. Somos muchos más, y estamos organizados”, sostuvo, según lo citó diario El Despertador.
Tello también remarcó que las tierras en disputa no afectan zonas productivas. “No tocan ni un centímetro de tierra irrigada. Es todo secano”, explicó, y denunció un doble estándar del Estado provincial: “Cuando hay interés empresarial, expropian en dos meses. A nosotros nos dejaron esperando quince años y ahora quieren borrar la ley”.
Desde la comunidad de La Asunción, Diego Barros subrayó que los argumentos legales del gobierno ya fueron utilizados sin éxito por la Fiscalía de Estado. “Dicen que no hay mensura, que no se puede censar, pero todo eso ya se hizo. Tenemos los planos, tenemos los censos”, afirmó. Según detalló, junto al INDEC, las comunidades relevaron casa por casa a casi 5000 personas en Lavalle en 2010. “El último censo no nos reflejó porque no fue hecho con participación comunitaria. Nosotros sí sabemos cuántos somos”.
Durante el mismo encuentro, Nancy González, presidenta de la comunidad de San José, fue tajante: “No cumplir con la ley es una violación de derechos. Y si la derogan, matan el futuro de nuestros hijos”.
El contexto legislativo ha sido también blanco de críticas. El diputado José Luis Ramón, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, afirmó: “Esto no es un conflicto. Es un derecho. Un derecho que el Estado debe reconocer y respetar”. Desde la oposición, el diputado Julio Villafañe lamentó la ausencia de voces oficialistas en el debate. “Solo estamos quienes integramos el PJ y Protectora. Eso muestra una falta de compromiso preocupante”, expresó.
La posibilidad de una demanda internacional
Frente a este escenario, las comunidades huarpes anunciaron nuevas reuniones con senadores, la posibilidad de presentar demandas internacionales y el rechazo a cualquier diálogo institucional que no parta del retiro del proyecto. “Solo así podremos sentarnos en igualdad de condiciones”, advirtieron.
Jofré lo sintetizó de forma certera en una canción compartida al final del encuentro: “Nos han quitado el agua, nos han llamado desierto. Han talado el árbol que daba pan a mi pueblo. Pero acá estamos, de pie, pidiendo justicia. Justicia para mi pueblo”.
