Vecinos, asambleas y organizaciones sociales recorrieron el centro mendocino en defensa del agua y los territorios. Denuncian que el emprendimiento extractivo carece de licencia social y viola la protección ambiental de la zona.
Una nueva movilización sacudió el centro de Mendoza. Este viernes, cientos de vecinos, asambleístas y agrupaciones sociales marcharon desde el kilómetro 0 hasta la Legislatura provincial para rechazar el avance del proyecto minero San Jorge, que busca extraer oro y cobre en Uspallata.
La clásica bandera “Todos somos Uspallata” encabezó la columna, que recorrió las calles San Martín, Las Heras y Patricias Mendocinas, escoltada por un amplio cordón policial. Entre las pancartas se leían consignas como “Área protegida Uspallata–Polvaredas” y “Sin licencia social no hay minería”, en clara alusión al rechazo comunitario que acumula el emprendimiento.
Avanza la marcha contra San Jorge por avenida San Martin pic.twitter.com/2FKTKdMP5w
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) August 29, 2025
A casi un mes de la audiencia
La protesta no fue aislada. Llega apenas días después de una audiencia pública autoconvocada que reunió 2.448 pronunciamientos certificados en contra del proyecto, todos presentados formalmente ante la autoridad ambiental. En paralelo, el Gobierno provincial y la empresa San Jorge realizaron su propia audiencia oficial, que fue duramente cuestionada por organizaciones y especialistas, e incluso impugnada en sede judicial por presuntas irregularidades en su convocatoria y desarrollo.
“Estamos defendiendo el agua, la cordillera y el derecho a decidir sobre nuestros territorios”, expresó una integrante de la Asamblea de Uspallata, mientras sostenía un cartel con la leyenda “No es no”.
Un proyecto resistido hace 15 años
El proyecto San Jorge busca reactivarse bajo nuevas condiciones, lo que ha encendido las alarmas de comunidades locales, ambientalistas y especialistas en derecho ambiental.
La movilización de hoy refuerza una demanda histórica: que se respete la voluntad popular y se garantice la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente y el modelo productivo de la provincia. Mientras tanto, el expediente judicial que cuestiona la audiencia oficial sigue su curso, y la Legislatura deberá definir si habilita o no el avance del emprendimiento.
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