Investiga si un diputado oficialista y la alcaldesa de Valencia asignaron contratos a dedo a la fundación acusada de quedarse con fondos públicos.
Un juez español vinculó a dos altos dirigentes del Partido Popular con los negocios del yerno del rey.
El caso de corrupción en el que está imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, salpicó a dos altos dirigentes del gobernante Partido Popular (PP) que habrían asignado contratos a dedo a la fundación del yerno del rey, según el juez instructor.
Se trata del ex presidente regional valenciano y diputado Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quienes el juez del caso, José Castro, atribuye delitos como falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, además de prevaricato, cargos que conllevan pena de prisión.
Debido a que tienen fueros parlamentarios, dado que se trata de diputados regionales, Castro elevó un escrito pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue a los dos dirigentes del partido derechista.
De acuerdo con los detalles del escrito publicado hoy, el magistrado considera que Camps y Barberá tuvieron una “participación activa en actuaciones de apariencia delictiva”, en referencia a la adjudicación de contratos públicos a la Fundación Nóos.
Según la investigación, esta organización sin aparente ánimo de lucro fue creada por Urdangarín y su ex socio Diego Torres como una cobertura para apropiarse de millones de euros de fondos públicos a través de convenios con la administración pública.
Entre 2004 y 2007, la fundación Nóos se adjudicó seis millones de euros consiguiendo contratos con los gobiernos balear y valenciano, dos feudos del PP.
El magistrado sostiene que los contratos conseguidos en Valencia por Nóos se otorgaron “a dedo y al margen del procedimiento administrativo y orillando por completo normas sobre las contrataciones públicas”.
Concretamente, la fundación recibió 3,5 millones de euros para la organización de tres eventos -“Valenca Summit en 2004, 205 y 2006, y el proyecto “Juegos Europeos”- que nunca se celebraron.
Castro afirma que las adjudicaciones se decidieron en reuniones mantenida por Urdangarín y Torres directamente con Camps y Barbera y que algunas de ellas tuvieron lugar en el Palacio de la Zarzuela “para mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas”.
“Fueron actos meramente voluntaristas que no obedecían al interés general, si no sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarín en atención a su parentesco con la casa del Rey", subraya el juez.
La defensa de los acusados
Ante la gravedad de las acusaciones, Barberá convocó a la prensa a una conferencia en la que acusó al juez de mentir.
“En este auto hay alguna que otra falsedad determinante y algún juicio de valor que no son propios de un escrito de investigación de un posible delito. Aquí lo que caben son las pruebas”, dijo la alcaldesa del PP.
Por su parte, el ex presidente valenciano, señalado como uno de los posibles sucesores de Mariano Rajoy al frente del PP hasta que tuvo que abandonar su cargo por otro caso de corrupción en el que resultó absuelto, mantuvo silencio.
Camps fue juzgado y absuelto en enero de 2012 por un tribunal por un caso de corrupción vinculado a la famosa trama Gürtel, una red de empresarios que obtenía contratos del PP a cambio de favores. El ex presidente había recibido trajes y otros regalos de la red, pero el jurado lo absolvió en un veredicto que fue muy polémico.
Después de este escándalo y las acusaciones del juez Castro, el líder de los socialista valencianos, Ximo Puig, afirmó hoy que tanto Camps como Barberá cometieron “cohecho político”, ya que otorgaban contratos a Urdangarín y conseguían “fotos para ganar elecciones”.
En cuanto al núcleo del caso Nóos, el juez instructor cree que la infanta Cristina, segunda hija del rey Juan Carlos y esposa de Urdangarín, consintió en prestar su imagen en la órbita de influencia de Nóos y, por lo tanto, cooperó en la comisión de los delitos.
Sin embargo, la fiscalía anticorrupción logró suspender la imputación de la infanta, quien ahora igualmente está siendo investigada por presuntos delitos fiscales.
En su última decisión conocida hoy, Castro pidió a la agencia tributaria que investigue si la infanta y Urdangarín tienen bienes en el extranjero desde 2002.
