En medio de la incertidumbre por la parálisis de las operaciones en la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, fue agendado para este martes un encuentro entre los diputados de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria y el cónsul brasileño en Mendoza, Sergio Couri, en el que también participaría el máximo responsable de la minera Vale en el país, según se informó desde la Cámara Baja.
La cita fue movilizada por los los diputados radicales Alejandro Limas, presidente de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, y Omar De Miguel, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
“Citamos al cónsul, tal como lo hiciéramos hace un año aproximadamente para destrabar el convenio del ‘compre mendocino’, con resultados positivos”, argumentó Limas en su momento. Mientras De Miguel justificó que “la citación es importante para poder esclarecer los hechos, ante las diferencias e inconsistencias que se observan en las declaraciones en los gobiernos provincial y nacional, que no condicen con los dichos de Vale”.
La convocatoria en principio fue realizada para el 12 de febrero, pero se pospuso hasta mañana, a las 18, en el salón de los Diputados, de calle Espejo. La información oficial da cuenta de una reunión de "la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria con el Cónsul General de la República Federativa del Brasil, Sergio Couri y el presidente de la empresa Vale Potasio Río Colorado, para analizar la paralización de la minera".
La minera brasileña Vale suspendió de forma indefinida su millonario proyecto de una mina de potasio en la cuenca del Río Colorado, al sur de la ciudad de Malargüe debido “al contexto internacional” de caída del precio de algunos minerales, confirmaron el 24 de enero a la agencia Efe fuentes de la compañía. Esa es toda la información de fuentes oficiales de la empresa que se conoció desde el 21 de diciembre, cuando se produjo efectivamente la paralización de actividades en la mina malargüina.
De fuentes vinculadas al Gobierno de Argentina se supo que Vale está presionando a la Casa Rosada para obtener beneficios impositivos, ayuda en la inversión y un freno a las obligaciones devenidas de la responsabilidad social empresaria.
