La Comisión de Derechos y Garantías, presidida por José Luis Ramón (Protectora), se reunió este jueves pese a no alcanzar el quórum reglamentario. Fue en una sesión especial para recibir a 16 oradores vinculados a la resistencia contra el megaproyecto minero San Jorge. Entre ellos hubo vecinos, asambleístas y ONGs ambientalistas.
La Comisión escuchó los testimonios con la idea de elevar un dictamen alternativo al del Ejecutivo cuando se trate la DIA de San Jorge
Estuvieron presentes Liza Rule Larrea, Martín Iglesias, Nora Moyano y Federico Soria, quienes fueron judicializados con denuncias tras protestar contra el avance de la megaminería. Denunciaron la persecución judicial que enfrentan por su participación en las movilizaciones. La audiencia se enmarca en la Denuncia Nº 87517 y busca visibilizar las consecuencias sociales y ambientales del emprendimiento, más allá del debate técnico sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Diversidad de voces y marco jurídico
El listado de oradores incluyó vecinos autoconvocados, comunidades originarias y representantes legales de ONG reconocidas. Agustín Sánchez (OIKOS) y Cristian Fernández (FARN) aportaron un análisis jurídico-ambiental sobre los presuntos incumplimientos de la legislación nacional y tratados internacionales. También participaron referentes como Marcelo Giraud, Liliana Herrera de la comunidad Huarpe y Jennifer Ibarra, ampliando el abanico de testimonios.
Liza Rule y Martín Iglesia revelaron detalles de su detención en una protesta contra San Jorge en la capital de Mendoza el 23 de octubre. Rule dijo que estuvo más de 50 horas detenida en la Comisaría Séptima "en condiciones infrahumanas" y sin saber cuál era la imputación que le endilgaba la justicia. Luego le abrieron una causa por "resistencia a la autoridad y daño" a raíz de la denuncia del jefe del operativo, Mario Rilli.
"Mendoza no escapa a la lógica de sacrificio de los territorios", indicó Rule al inicio de su testimonio.
También se apuntaron entre los oradores Claudio Alejandro Espinol, Guillermo Martinez Agüero, Mariano Rodríguez, Stella Maris Fernández, Felipe Sánchez, Marcelo Giraud, Jennifer Ibarra, Eduardo Sosa y Belén Lana.
El rechazo huarpe: CLPI negativo
Entre los presentes, Claudia Herrera resumió la oposición del pueblo huarpe de Uspallata. Las comunidades Huarpes Guaytamari y Llahue Xumec hicieron público días atrás el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): una negativa rotunda al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
Denunciaron irregularidades que invalidan el proceso de consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional. Señalaron que el procedimiento “no ha sido libre” por presiones económicas y de plazos, “no ha sido previo” porque se inició con el proyecto ya avanzado, y “no ha sido informado” por la falta de acceso a datos completos del Estudio de Impacto Ambiental.
Claudia Herrera, de la comunidad huarpe de Uspallata: "El procedimiento de consentimiento no ha sido libre. Quisieron persuadirnos con supuestos beneficios económicos. Tras 17 años del arribo de la minera se inició el proceso de consulta" pic.twitter.com/OGJALrWI55
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) November 13, 2025
Patrimonio cultural y agua en riesgo
El comunicado de las comunidades alertó sobre la incompatibilidad del proyecto con el Itinerario Cultural del Qhapaq Ñan, patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. La explotación, advirtieron, afectaría de manera irreversible la cuenca visual del Camino Ancestral Andino. En cuanto al agua, refutaron el relato oficial que ubica el emprendimiento en una “cuenca cerrada”. Citaron estudios del Dr. José María Cortés (UBA-CONICET) que demuestran la conexión directa con el Río Mendoza y el Valle de Uspallata, alertando sobre riesgos de contaminación y escurrimiento.
La denuncia por la audiencia pública
También fue presentada en la comisión una denuncia de Eduardo Sosa, exfuncionario del Gabinete de Ambiente de Alfredo Cornejo en su primera gobernación. Expuso una presunta manipulación sistemática por parte del Gobierno de Mendoza y su Autoridad Ambiental Minera para forzar la aprobación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. Alegó que, para simular una licencia social inexistente, se recurrió a la falsificación de apoyos ciudadanos mediante firmas apócrifas, planillas duplicadas y la inclusión de personas de otras provincias que desconocen el proyecto. Simultáneamente, se habría ocultado información crucial al público, omitiendo informes técnicos clave de la Facultad de Medicina y de Ingeniería que señalaban la nocividad de las sustancias a usar y una "notable incertidumbre científica", así como un estudio que demostraba la conexión entre cuencas hídricas, lo que amplía significativamente el riesgo ambiental y la población potencialmente afectada.
Este accionar, según la denuncia, se completó con la violación de normas de participación ciudadana, al realizarse la audiencia pública en el remoto sitio de la mina con logísticas restrictivas, limitando la participación masiva y la libre expresión. El objetivo final de este supuesto entramado habría sido acelerar la aprobación del proyecto, suavizando los dictámenes técnicos y eludiendo consultas a municipios afectados, para permitir que la empresa obtuviera la declaración de impacto ambiental a tiempo y con menores costos, y así poder acceder a los beneficios fiscales del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas acciones podrían configurar delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y fraude a la administración pública.
