La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentó un recurso de amparo este jueves ante el Juzgado Penal Colegiado 1, solicitando al Poder Judicial protección para quienes participen de la “Audiencia Pública del Pueblo”, convocada para el próximo 2 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. El reclamo judicial busca asegurar la libertad ambulatoria y la integridad de los asistentes, frente al antecedente de agresiones sufridas por manifestantes en enero pasado.
La audiencia del Gobierno y San Jorge se hará en un campamento minero de la empresa, a más de 40 kilómetros de Uspallata
La acción fue interpuesta por Federico Soria, referente de la Asamblea, con el patrocinio legal del abogado Alfredo Guevara. Se ampara en el artículo 43 de la Constitución Nacional y denuncia posibles obstáculos a la participación ciudadana, sobre todo ante la simultaneidad de dos audiencias: una oficial convocada por el Gobierno de Mendoza y la empresa San Jorge en un campamento minero, y otra, popular, organizada por vecinos en el centro de la villa.
Los ataques a vecinos en enero
El escrito rememora ataques ocurridos a principios de año, donde manifestantes fueron violentados por grupos vinculados a la UOCRA. Además, apunta a hechos donde “una persona allegada al partido de gobierno inició un incendio”, siendo luego utilizados por la Provincia para responsabilizar a la Asamblea. Se trata de Pablo González, alias El Mostro, con vínculos familiares con la UCR de Las Heras, quien admitió haber atacado un local partidario.
Como otro antecedente preocupante, se menciona la detención de dos miembros de la Asamblea —Soria y Mauricio Cornejo— tras una denuncia del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Edgardo Vera. Aún deben presentarse ante tribunales bajo medidas cautelares. También se advierte sobre identificaciones arbitrarias en la Ruta Nacional 7, que refuerzan el temor de nuevas restricciones.
En su fundamentación, el recurso judicial resalta el amparo de la audiencia por normas nacionales e internacionales que garantizan la libre expresión, la reunión y la participación política. Se citan la Constitución Nacional y Provincial, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal y el Acuerdo de Escazú, con especial énfasis en la protección de defensores ambientales.
El petitorio solicita al Gobierno provincial y a la Policía:
- Evitar controles arbitrarios que limiten la participación.
- Garantizar un entorno seguro y libre de amenazas.
- Asegurar presencia policial únicamente en el exterior del templo y sin efectivos de civil.
La cita popular se dará en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, donde vecinos y asambleístas esperan ejercer su derecho a la palabra y la protesta, en un contexto tenso marcado por antecedentes de violencia y criminalización.
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