Daniel Vila, dueño de Grupo América y empresario multirrubro -inmobiliario, petróleo, energía, juego, entre otros- amenazó con demandar en la justicia civil y penal a un concejal de Las Heras que propuso que una comisión investigara la cesión de la cascada San Isidro para uso privado del empresario.
Se trata de Ulises Jiménez (FIT), a quien Vila intimó también a eliminar una serie de videos, tweets y publicaciones donde el edil hizo mención al uso que el empresario hace de la cascada, otrora pública y ahora con acceso sólo previo permiso a través de Dalvian, de la familia Vila.
Jiménez propuso que una comisión formada por concejales, organizaciones socioambientales, profesionales y estudiantes de universidades públicas para investigar el estado de las denuncias que se vienen realizando al respecto desde el año 2002, la connivencia del Estado en particular del Departamento de Irrigación con Vila, además de solicitar informes técnicos acerca de todo lo concerniente de dicha cascada.
En una carta documento, Vila manifestó que el uso privado de la cascada San Isidro -nombre homónimo de la estancia del empresario en el pedemonte, donde luce como atractivo principal un gran lago artificial- fue aprobado por Irrigación.
Esa misma aclaración se apuró en dar Sergio Marinelli, titular de Irrigación, cuando un grupo de atletas quiso recorrer el camino de la cascada por su cuenta, sin pedir permiso al empresario.
Vila intimó a Jiménez a censurar el contenido de videos sobre la cascada porque considera que contiene declaraciones "falsas, maliciosa, temerarias e injuriantes", según enumera en la carta documento firmada por su apoderado.
También contra los caminantes
Semanas atrás, Vila amenazó con iniciar acciones legales a quienes organicen caminatas a la cascada San Isidro sin pedir permiso y pretende cobrarle a una activista que organizó a un grupo de caminantes que intentó acceder al sitio, detrás del barrio Dalvian, los costos por un operativo de seguridad extra que él desplazó para bloquearlos y que no pudieran avanzar.
La demandada por el dueño del Grupo América quiso visibilizar el uso irregular del agua en esa zona y organizó caminatas que fueron interrumpidas por empleados de Vila y por personal de la empresa de seguridad privada que vigila el barrio, apoyados por la Policía de Mendoza.
