Amenaza con acciones

Vila intimó a una activista a pagar la seguridad que desplegó en Dalvian por una caminata

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Operativo conjunto entre los vigilantes de Dalvian y la Policía de Mendoza, a mediados de enero.

Daniel Vila amenazó con iniciar acciones legales a quienes organicen caminatas a la cascada San Isidro sin pedir permiso y pretende cobrarle a una activista que organizó a un grupo de caminantes que intentó acceder al sitio, detrás del barrio Dalvian, los costos por un operativo de seguridad extra que él desplazó para bloquearlos y que no pudieran avanzar.

La demandada por el dueño del Grupo América quiso visibilizar el uso irregular del agua en esa zona y organizó caminatas que fueron interrumpidas por empleados de Vila y por personal de la empresa de seguridad privada que vigila el barrio, apoyados por la Policía de Mendoza.

Se trata de la misma zona donde el empresario multirrubro -es dueño de medios, empresas de petróleo, de Edemsa y de máquinas de juegos, entre otros-  construyó años atrás un dique que interrumpió el curso de la cascada San Isidro. La obra fue autorizada por Irrigación, que semanas atrás volvió a refrendar el accionar del empresario con un comunicado oficial.

“Todo es propiedad de la familia Vila -les explicó uno de los empleados de Vila que les salió al paso-. Si se pide permiso y se identifican pueden pasar. La cascada de San Isidro es de dominio privado, no es una vertiente de deshielo. Nosotros desistimos de una demanda judicial para que fuera público. El terreno es de la familia Vila, eso esta acreditado en el expediente. Como la cascada está en terreno privado el propietario decide si se puede pasar o no”.

En criollo: sólo si Dalvian autoriza se puede pasar hacia la cascada. Dalvia, claro, se reserva el derecho de admisión. Esto fue lo que los caminantes quisieron mostrar en esas travesías.

Tras la intervención del mandadero del empresario, los caminantes optaron por resistir pacíficamente en el lugar, pero la tensión fue en aumento, porque la Policía comenzó tareas de identificación de todos -quisieron hacerlo de manera biométrica pero nunca llegaron los instrumentos, por lo que fue el clásico registro de datos personales-.

Archivo Explícito
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Tras eso llegaron imputaciones a varios de los participantes y citaciones a declarar a razón de una por día. Hace pocas horas llegó una nueva notificación a una de las organizadoras de las caminatas, en la que Vila la intima a pagarle antes de 10 días $417.533 en concepto de pago de seguridad extra de sus vigiladores y de la policía de Mendoza, entre otros gastos administrativos. La acusa de usar las redes para instigar, fomentar y divulgar “intrusiones ilegales”, según se lee en la carta documento.

“Se le emplaza a abstenerse de continuar ejecutando, instigando, incentivando o divulgando actos o dichos agraviantes de intimidación, intrusión y/o cualquier acto ilícito contra la propiedad y/o las personas de mis mandantes”, advierte el empleado de Vila, quien remata: “De continuar con este tipo de medidas o conductas instigadoras, será pasible de nuevas acciones civiles y penales en su contra, las que conllevan penas privativas de la libertad”.

 

 

 

 

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