Este lunes y martes el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, continuará con los alegatos en el megajuicio contra ex jueces detallando la responsabilidad que les cabe a Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo en crímenes de lesa humanidad en cuanto a su participación primaria y secundaria, lo cual luego determinará el pedido de pena por parte de ese órgano nacional.
Uno de los casos emblemáticos por los cuales se está juzgando a los ex jueces y sobre los que va a basar su alegato Peñaloza es el de Claudia, la conocida ahora como la Nieta 117, hija de Walter Domínguez y Gladys Castro (secuestrados en diciembre de 1977), sobre cuyo nacimiento en cautiverio omitieron investigar Otilio Romano y Max Petra, según la acusación que pesa sobre ellos.
Gabriel Guzzo y el entonces procurador Otilio Romano rechazaron, pocos días después de la desaparición, un hábeas corpus interpuesto por la familia de ambos "con el argumento clásico deno tener ninguna novedad tras los informes negativos de todas las dependencias de la fuerzas de seguridad. Como perversamente contaba por esos años Jorge Rafael Videla, no estaban, ni vivos ni muertos. Estaban desaparecidos", reseña sobre el caso el informe Xumek.
El 23 de febrero de 1978, el padre de Gladys, presentó un nuevo recurso para dar con el paradero de su hija y de su yerno. Allí explicó, además, que la chica estaba transitando un avanzado estado de embarazo; por lo cual, también era indispensable saber cuál sería el destino de su nieto o su nieta.
"El juez Guillermo Petra Recabarren y el fiscal Romano rechazaron la petición e ignoraron el planteo que habían recibido, haciendo lo mismo casi un año más tarde cuando la mamá de Walter pidió por la pareja y explicó que, según los cálculos, el bebé ya debería tener aproximadamente ochos meses de edad. Por eso María pidió que tanto los juzgados correccionales, la secretaría del Menor y Familia, la Casa Cuna y la maternidad del hospital Emilio Civit dieran algún dato que pudiese dar con su nieta", sigue el informe de Xumek.
Petra Recabarren y Romano están siendo juzgados por estas conductas en el Megajuicio, y sobre este caso en particular se espera que alegue la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación esta semana.
"En el caso de Guzzo, la Justicia llegó tarde. Estos magistrados sabían que Walter y Gladys habían sido secuestrados por las fuerzas de seguridad y asesinados luego del nacimiento de su hija. Todas las resoluciones fueron apeladas y la Cámara Federal hizo lugar a esos reclamos. Aún en plena dictadura, entre julio y agosto de ese año, el tribunal de alzada revocó los fallos y ordenó tanto a los jueces como al fiscal que volvieran a investigar los hábeas corpus y determinaran qué había sucedido con la nieta de María y Angelina", indica Xumek.
Pero, Petra Recabarren, Guzzo y Romano "formaban parte de la pata civil y judicial de la dictadura y no estaban dispuestos a actuar, por lo que volvieron a rechazar los recursos, los archivaron y procuraron que el tiempo brindara impunidad".
Una de las pruebas incorporadas al expediente es la firma de Petra estampada en una de esas resoluciones por las cuales se lo juzga:
Peñaloza resaltó anteriormente que los aportes de los ex jueces de Mendoza a “la estructura represiva de poder” fueron “sistemáticos y prolongados en el tiempo”.
“De todos los operativos se llevaron a alguien y a la fecha están desaparecidos”, dijo sobre la sistematicidad de la persecución política perpetrada por los grupos de tareas al amparo de la inacción de la Justicia Federal. Análisis de estas “emblemáticas” causas grupales que abarcan decenas de homicidios y desapariciones.
Entre ellas están las causas Rabanal, Mocchi -que involucran a la acción y/o omisión de Luis Miret y Romano como agentes judiciales-, la causa Luna - aquí se señala el acciona del fallecido ex juez Guzzo, Romano y Petra Recabarren-, el ataque contra el PRT y el ERP en junio de 1976.
