Alfredo Cornejo analizó con Patricia Bullrich los efectos del fallo de la Suprema Corte de Mendoza en contra del uso que se la a la prisión preventiva en la Provincia. El gobernador de Mendoza y la ministra de Seguridad de la administración macrista se comunicaron por teleconferencia junto a colaboradores de ambos este viernes luego de que un fallo del máximo tribunal fijó nuevas reglas para el dictado de la prisión preventiva, una figura aplicada a investigados que técnicamente son inocentes, más allá del valor probatorio de las pruebas que producen conjeturas sobre la situación de un sospechoso en un proceso penal.
"La ministra Patricia Bullrich y los secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané junto al gobernador y el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, definieron las líneas de acción para evaluar la inconveniencia y la imposibilidad de la puesta en marcha del fallo de la Corte provincial", informaron los gobiernos de la provincia y la nación luego de producirse un intercambio por teleconferencia entre los actores mencionados.
Cornejo y Bullrich, con sus funcionarios, "evaluaron la imprudencia y el peligro que significaría el fallo del máximo tribunal y determinaron los pasos a seguir, tanto a nivel operativo como a nivel judicial, que serán definido a lo largo del fin de semana", agregó el parte de prensa oficial del Gobierno de la Provincia.
Según los funcionarios, la decisión posee diversos efectos, entre los cuales destacaron: “crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de ‘’gravedad institucional’’ al provocar una situación de emergencia de seguridad”.
“Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública”, agregaron los funcionarios locales y nacionales.
"Fue una decisión de la Corte para adentro del Poder Judicial", lamentaron los funcionarios, quienes al mismo tiempo, pusieron en duda que las disposiciones del máximo tribunal sean factibles de ser aplicadas: “Mendoza está lejos del esquema ideal en procesos penales, por lo que es una incógnita saber si el Poder Judicial estará a la altura de aplicar estas nuevas disposiciones”, concluyeron.
En el Gobierno estiman que unos 800 presos que son técnicamente inocentes hasta que se agote el proceso legal de enjuiciamiento podrían recuperar la libertad hasta que se dicte sentencia firme en las causas por los que están investigados. Ni Cornejo ni Mauricio Macri suscriben la política de trato a los sospechosos reglada por parámetros internacionales acuñados en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Estos últimos fundaron la demanda contra el procedimiento mendocino para el dictado de la prisión preventiva iniciada por asociaciones y abogados defensores de los Derechos Humanos. Y en esa demanda está el origen del fallo que se conoció el jueves por un anticipo periodístico del diario Los Andes.
La prisión preventiva tiene por naturaleza la función de evitar que un sospechoso evite el proceso en su contra ya sea por una fuga o por el entorpecimiento de la investigación de los hechos, aunque en Mendoza los fiscales y policías instructores usan la prisión preventiva según otros parámetros: la calificación del caso, los antecedentes del encauzado y hasta la repercusión mediática del hecho en cuestión juegan a favor o en contra de que un sospechoso permanezca preso o esté libre hasta que esté firme la sentencia en la causa que lo tiene involucrado.
El Gobierno de Mendoza consideró errado el fallo de la Suprema Corte avalado por los jueces Omar Palermo, Jorge Nancláres, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez. “Mendoza no está preparada para dar una solución flexible y urgente en Justicia en absoluto”, esgrimió el ministro de Seguridad, Gianni Venier, el jueves.
