La Suprema Corte debió ponerle un freno a la implementación de las modificaciones a la práctica del dictado de la prisión preventiva previstas en una sentencia del tribunal que fue descalificada por el gobierno de Alfredo Cornejo. Fue como consecuencia de un planteo en contra del procurador Rodolfo González, quien recogió los argumentos jurídicos y parte de los políticos esgrimidos por la administración radical desde que se conoció que un fallo de la Suprema Corte introducía cambios al uso habitual de la prisión preventiva en la Provincia.
El martes en la tarde, González comunicó la presentación de un planteo de nulidad sobre el fallo en cuestión, con lo cual de una u otra forma trasladará la causa del primer destello de un conflicto entre el Ejecutivo nuevo y la cúspide de la Justicia.
El miércoles en la mañana, la Suprema Corte anunció la suspensión de una reunión con la Procuración y los jueces penales de todas las instancias prevista este miércoles para bajar las instrucciones para la aplicación de un fallo del máximo tribunal que regla el dictado de la prisión preventiva.
El próximo trámite en la causa fue el traslado de la situación a la asociación Xumek, demandante de un Hábeas Corpus Colectivo a favor de los detenidos sin condena bajo el régimen de prisión preventiva que quedaron en esa circunstancia por una incorrecta aplicación del procedimiento. El efecto del fallo a favor del planteo es la redefinición del concepto usual de la prisión preventiva, una herramienta para mantener presos a sospechosos de la comisión de delitos.
Los demandantes tienen 10 días para expresarse frente al escenario planteado por el recurso de González y luego la Suprema Corte dirá si acepta o no tramitar la petición del Procurador. En caso negativo, González irá con una queja a la Corte Suprema de la Nación, el mismo tribunal que asumiría la causa si el Supremo local le diera curso efectivo al planteo del jefe del Ministerio Público.
