El gobierno de Alfredo Cornejo considera a los manifestantes que cortan calles como delincuentes lisa y llanamente, sin ninguna diferencia entre estos y los asesinos que andan sueltos. Así lo planteó el ministro de Seguridad, Gianni Venier, después de la represión policial ordenada contra una manifestación de trabajadores estatales nucleados en ATE el martes, en las afueras de la Casa de Gobierno.
En una entrevista con Mitre Mendoza el funcionario calificó la represión a trabajadores como "un operativo policial más". Y agregó: "Es tan igual o similar a cuando se encuentra a alguien cometiendo un hecho por la calle o cuando vamos a un allanamiento y hay resistencia. Es decir, es la acción policial que debe funcionar así cada vez que hay un delito en la vía pública".
Venier consideró que "lo mínimo" que puede hacer la Policía cuando se corta una calle "es usar gas pimienta" contra los manifestantes, a quienes consideró en su discurso como delincuentes comunes. El blanqueo brutal de la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Cornejo fue asumido por el jefe de la cartera de Seguridad de forma pública en la mañana de este miércoles, luego de participar en el frente de la casa del gobernador Cornejo, en Godoy Cruz, y parado al lado de éste, la tradicional Diana de Gloria del 25 de Mayo.
En el primer acto oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, el ministro que tiene a cargo las fuerzas armadas provinciales emparejó a los gremialistas y políticos que protestan con los delincuentes comunes en la consideración de los administradores circunstanciales del poder represivo del Estado.
Si Cornejo convence de seguir su criterio al procurador general Rodolfo González, Mendoza se comenzará a parecer a Jujuy, adonde el gobernador radical Gerardo Morales activa la detención de cualquiera que quiera protestar en su contra, como lo evidencian los casos de Milagro Sala, de la agrupación opositora Tupac Amaru, y de tres dirigentes del Sindicato de Obreros Municipales -Santiago Seillant, Adrián Mirkin, de la Comisión Directiva, y Álvaro Sandoval, Coordinador de Prensa-, quienes fueron apresados en sus respectivas casas, frente a sus familiares y vecinos, por inmensos operativos luego de participar en una protesta contra la Intendencia de la Capital provincial.
En Mendoza, fueron imputados tres líderes sindicales luego de la primera protesta contra Cornejo en la Casa de Gobierno, en febrero. La avanzada fue decidida por el Procurador, quien fue permeable a la presión de Cornejo desde la misma asunción del mandatario radical. La Justicia dejó en suspenso las acciones, pero las causas siguen abiertas.
Durante la represión a los trabajadores de ATE, quienes estaban acompañados por un buen número de despedidos en el Renatea, estuvo presente la fiscal especial Claudia Ríos, quien responde de forma directa a González.
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