Sólo en el FIT encontró resistencia, en ambas cámaras, el proyecto de ley de prisión preventiva enviado por Alfredo Cornejo a la Legislatura y que este miércoles la cámara de Diputados convirtió en ley.
La normativa fue promocionada como una forma de terminar con una supuesta "puerta giratoria" de presos que es desmentida por todas las estadísticas oficiales. Por caso, datos del Ministerio Público: Actualmente, de los más de 4.000 detenidos en Mendoza, el 52% tiene sentencia condenatoria firme mientras que el 48% restante son personas detenidas por orden del Ministerio Público o bajo el régimen de prisión preventiva ordenada por un Juez de Garantías. Xumek, por su parte, señaló que el 95% de los detenidos en Mendoza está encerrado más tiempo del legal.
El abuso de la prisión preventiva fue objeto de cuestionamientos por parte de miembros de la Corte, del CELS, de la Procuraduría de Personas Privadas de Libertad y la Corte Suprema de la Nación.
“Pese a las disposiciones legales, que establecen que la detención no debe durar más de 10 días (art. 348 del Código Procesal Penal según Ley N° 6.730 y concordantes) para la inmediata puesta a disposición del Juez de Garantías (para que disponga su libertad o dicte un auto de prisión preventiva), los Fiscales se toman la atribución de demorar estas detenciones un promedio de 4 meses y en muchos casos más de 8 meses, por sobre lo legalmente permitido”, remarcó en un informe sobre el tema la Asociación Xumek.
Como elementos novedosos, el proyecto del oficialismo introduce las audiencias orales con presencia del juez, el acusado y la víctima y establece una serie de plazos que, aún las voces críticas, se animan a considerar auspiciosos.
El FIT, la única voz en contra
En una sesión que no tuvo mayores sobresaltos, el diputado Marcos Niven (PD) destacó sobre la iniciativa: “Estamos dando un debate abierto y respuesta al pueblo. La sociedad pide a los legisladores que resolvamos los problemas de la realidad, como en este caso cuando la reincidencia de la delincuencia ha aumentado”.
Por su parte la diputada Cecilia Soria (FIT-PTS) adelantó el voto negativo de su bloque por considerar que “es entregar a la Justicia una herramienta para que sean más las personas detenidas”. En la misma línea se manifestaron sus compañeros de izquierda en la Cámara Alta.
Desde la bancada justicialista, el diputado Lucas Ilardo indicó que si bien no se incorporaron todas las sugerencias propuestas por su bancada, destacó “la buena intención por parte del Gobierno Provincial para acelerar los plazos de la justicia que es una demanda de los ciudadanos”.
