Los miembros de la Asamblea Popular por el Agua anunciaron que volverán a las calles en defensa de la Ley 7722, que impide la minería a gran escala con el uso de químicos contaminantes, y que fue judicializada por pedidos de inconstitucionalidad interpuestos por empresarios mineros, los cuales debe resolver la Suprema Corte.
La Corte resolvió días atrás no convocar a una audiencia pública sobre el tema, y "cerró las puertas a la posibilidad histórica de democratizar el ámbito de la Justicia", consideraron al respecto los asambleístas, que convocaron a una manifestación para el 3 de setiembre en la Plaza Independencia a las 18.
"Desconociendo las más de 70 mil firmas recolectadas por las asambleas de toda Mendoza y haciendo caso omiso a las recomendaciones del máximo tribunal nacional, en un fallo dividido 4 a 3, los magistrados de la provincia rechazaron la convocatoria a una Audiencia Pública antes de fallar sobre la constitucionalidad de una de las leyes más conocidas de la provincia: la ley 7722. Aunque el fiscal de Estado ha pedido que se revea la decisión, al menos por ahora, se ha privado a los mendocinos de participar en un proceso fundamental para las generaciones futuras".
Luego compararon lo que ocurre en Mendoza en contraste con Córdoba: "En estos días pasados, la Suprema Corte de la provincia de Córdoba falló, por unanimidad, en favor de la constitucionalidad de una ley hermana, la 9526. En sintonía con esto, es preciso recordarle a nuestra propia Corte Suprema, que están ante el deber de representar y defender los intereses de un pueblo cuya integridad económica y cultural se fundamenta en la relación con el agua".
Y siguieron: "Somos conscientes de la presión del lobby minero, integrado por abogados, cámaras empresariales y funcionarios de turno que de una u otra forma se verían beneficiados con el ‘negocio’ de la megaminería. La billetera es grande, demasiado como para corromper a tan pocos. Su intención, profundamente corporativa, es clara: derogar la ley. Las empresas extranjeras, dedicadas a esta forma de explotación a cielo abierto, están dispuestas a acorralar nuestra democracia, poniendo en riesgo las leyes. El intento de derogar la 7722 por la vía judicial, es un claro ataque a la justicia, a los valores de la verdad y el bienestar común y a los intereses de nuestro pueblo que elije defender el agua pura -con todo lo que eso significa en este momento de la humanidad- frente a al saqueo y la contaminación".
En el comunicado, la Asamblea por el Agua vinculó las arengas públicas promineras con la necesidad de obtener dinero que permita mitigar "el proceso de vaciamiento que sufre la provincia. Queremos señalarlo con claridad: es el mismo libreto de las privatizaciones".
"Es el neoliberalismo en su máxima expresión. Prohibido olvidar: antes de entregar nuestras empresas estatales -estratégicas para la autonomía y el desarrollo- las vaciaron sin misericordia creando en la opinión pública un clima de ‘entrega soberana’. Claro está, todo esto en favor de la salvación de la patria. Así, nuestros bienes comunes sociales, aquellos que nos costaron tantas décadas de sacrificio, fueron completamente rematados a empresas extranjeras. Parece un dejavú. Los mismos que vaciaron la provincia, quieren crear la sensación de que la salvación será traída por las trasnacionales de la megaminería. Lo que hay que entregar en este caso, es nuestra zona de glaciares, nuestro más preciado bien común natural (...) La 7722 es un freno a semejante desenfreno", remarcaron.
Frente a este panorama, las asambleas de toda Mendoza retomaron la movilización, en un proceso que ya comenzó el viernes 21 de agosto con la entrega de 15 mil firmas en reclamo para que se revea la decisión del máximo tribunal en torno a la convocatoria de la Audiencia Pública. Hasta el 4 de septiembre tienen tiempo de expedirse.
"Por este motivo, el próximo jueves 3 de septiembre hacemos una convocatoria abierta para encontrarnos una vez más como pueblo que somos, alegre, consciente y organizado. Con nuestras hijas e hijos. Con nuestros padres y hermanos. Sin otra bandera política que nuestro amor y compromiso. Para defender lo que todos sabemos: nuestra ley 7722 es clara como el agua pura, por eso es CONSTITUCIONAL", marcaron.
