Referentes del Sistema de Protección de Testigos y del programa Verdad y Justicia de la Nación llegaron a San Rafael a poco más de una semana del inicio del segundo juicio de Lesa Humanidad, previsto para el 29 de diciembre, y por el cual hay 26 acusados y se espera escuchar la palabras de unos 200 testigos.
El sistema de Protección de Testigos se encuentra dirigido a "testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo".
En tanto que Verdad y Justicia tiene como misión brindar asistencia en el caso en que hubiera incidentes o hechos de amedrentamiento sufridos por personas vinculadas a las denuncias o causas judiciales en trámite.
También se propone "asistir en el fortalecimiento de la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales".
El Programa funciona siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público.
Las medidas de protección pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.
Antecedentes de ataque a testigos
Cuando se desarrollaba, en 2010, el primer juicio de Lesa Humanidad en San Rafael, Alicia Morales, integrante de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), encontró su casa revuelta sin que los intrusos se llevaran ningún objeto valioso.
La casa de Morales también fue marcada con cintas rojas como señal intimidatoria cuando declaró en el proceso contra Carlos Rico, el ex subsecretario de Seguridad durante la gestión de Celso Jaque. También el 24 de marzo de 2008 le destruyeron las ventanas, además de robarle la bomba de agua, y varios intentos de abrir las puertas de la casa.
Fuente: jus.gob.ar/diario San Rafael
