Por Javier Polvani
@javierpolvani

Después de recibir señales de arrepentimiento desde la Suprema Corte, el gobernador Alfredo Cornejo se reunirá el lunes con el presidente del cuerpo, Pedro Llorente, para tratar el fallo que restringe el dictado de la prisión preventiva, el instrumento que tiene el Estado para privar de la libertad a sospechosos sin condena. La sentencia que lleva la firma de cuatro de los siete integrantes de la Suprema Corte fija plazos sumarios para la demostración de parte de los instructores de las condiciones de un sospechoso para merecer estar preso mientras se desarrolla la investigación y el juicio.

Cornejo encabezó este sábado una conferencia de prensa para anunciar la reunión con la Suprema Corte y acentuar su postura en contra del fallo conocido en las vísperas de la Navidad según el cual la prisión preventiva sólo debe fundarse en las posibilidades del imputado para escaparse o entorpecer el proceso, causales que deben ser demostradas en lapso de las primeras 24 horas de detención. La ministra de Seguridad de la administración macrista, Patricia Bullrich, coincidió con el gobernador en las críticas al fallo de la Corte local.

El gobernador, flanqueado por su vice Laura Montero y el ministro de Seguridad, Gianni Venier, volvió a rechazar el fallo y aseguró que de aplicarse "tendrá impacto sobre el sistema de seguridad. Reformula el sistema policial. Esta situación la va a terminar pagando la Policía".

Cornejo evitó revelar la estrategia de su administración para enfrentarse a la aplicación del fallo de la Suprema Corte porque prefirió esperar para eso hasta la reunión pactada para el lunes con Llorente. El mandatario advirtió que "antes de avanzar queremos escuchar a la Corte, queremos escuchar al juez que redactó el fallo (Omar Palermo) y a los tres que firmaron". El encuentro será el lunes, a las 12, "adonde quiera Llorente no tengo problemas", aclaró el mandatario.

El gobernador no contó en la conferencia los pormenores colaterales del diálogo con los jueces que finalizó en el pautado en común de un encuentro cara a cara lo antes que se pudiera en la coyuntura apretada por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Cornejo contó que pactó la reunión directamente con el titular del tribunal. Dijo que en la charla para acordar la reunión Llorente resaltó que no fue parte de los jueces que firmaron la sentencia en cuestión y, por lo tanto, no defendió los argumentos sino que aceptó discutir el tema con el jefe del Gobierno.

La negociación con la Corte

Hasta ahí llegó la comunicación oficial sobre los pormenores que derivaron en el inicio de una negociación entre los jueces del tribunal supremo y el gobernador. Pero no habría reunión el lunes si antes no hubiesen existido contactos entre el gobierno y los jueces, advirtieron a este medio dos fuentes que tienen relación directa con Cornejo y la política de Seguridad.

Dos de los cuatro magistrados que le pusieron su firma al protocolo redactado por Palermo mandaron señales de arrepentimiento a Cornejo. Con las repercusiones del fallo encima, esgrimieron ante sus puentes con el gobierno que habían acompañado al juez Palermo sin advertir que el fallo traería consecuencias para la administración provincial del tamaño de las que describió Cornejo.

El mandatario no quiso analizar las variantes técnicas en el campo jurídico o legislativo para evitar la aplicación del fallo que cambia las condiciones generales imperantes para el dictado de la prisión preventiva. En el grupo de juristas entendidos en Derecho Penal que rodean al mandatario, entre los que se cuenta el ministro Venier pero no es el único, creen que la salida menos conflictiva y con costos políticos más benévolos sería una rectificación de los alcances de la sentencia cuestionada por el Gobierno a través de una acordada de la Corte que lleva la firma de la mayor cantidad de integrantes.

Las negociaciones entre los operadores judiciales de Cornejo y los de los jueces están activadas desde que se conoció la sentencia del tribunal sobre la prisión preventiva y seguirán abiertas en pos de un acuerdo sin demasiadas demoras en cuanto a qué efecto tiene el fallo en la práctica.

El gobierno tiene una postura concreta en contra de la línea que primó en los jueces que firmaron el fallo, que fue expuesta en los últimos días por Gianni Venier. "Mendoza no está preparada para cumplir con los estándares de la ONU sobre prisión preventiva", sintetizó.

El juez Palermo, Justicia Legítima y la revisión del fallo

“Esto redefine la prisión preventiva ya que el fallo tiene plazos perentorios inalcanzables para el trabajo de nuestra fuerza de seguridad que deben reunir en 24 horas todos los elementos probatorios para que el fiscal pueda dejar privado de la libertad al sospechoso de un delito”, cuestionó Cornejo en la conferencia de prensa.

Ante la pregunta de un periodista respecto a la posible influencia en el fallo de la ligazón del juez Palermo con la organización Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo, el gobernador expresó: "Yo soy desconfiado. Hay condiciones objetivas para pensar que la decisión tiene un trasfondo político, pero no tenemos pruebas. Palermo es de Justicia Legítima y los abogados (Diego Lavado y Pablo Salinas) de Xumek (la ONG que hizo el planteo contra el actual uso de la prisión preventiva) estuvieron en el gobierno de Celso Jaque".

En más de un pasaje de la conferencia Cornejo resaltó el parecido entre los argumentos del fallo que redactó Palermo con el de los citados por los abogados de Xumek en la querella. Incluso cuestionó veladamente al juez por ir más allá de lo que pidieron los demandantes al hacer el fallo a presos actuales, como pidió Xumek, y a las detenciones futuras.

En el gobierno esperan llegar a un acuerdo con la Suprema Corte que evite la aplicación del fallo redactado por Palermo, al que le achacan imposibilidades materiales de cumplimiento en la práctica no deficiencias técnicas jurídicas. El formato para una solución aceptable para la administración radical sería el de una acordada firmada por la mayor cantidad de jueces de la Corte posibles. Creen, en base a las negociaciones de los operadores, que cinco de los siete supremos aceptarían sin trabas esa salida. Para convencer a Palermo de que se sume a la aceptación llevarán argumentos a la reunión del lunes.

"Las resoluciones judiciales deben estar ajustadas a la realidad. Podríamos no tener más hacinamientos en las cárceles sino detuviéramos a nadie, pero eso no es lo que impulsamos como política de seguridad. Esta decisión trae aparejados problemas operativos para el sistema policial”, remató Cornejo sobre la sentencia de la Corte.