Suspender las contrataciones, agilizar jubilaciones, abolir los adicionales salariales por dedicación full time, limitar dar clases a los estatales fuera de los dependientes de la DGE, aplazar la firma de convenios con universidades u otras entidades de asesoramiento que requieran pagos del Estado y sacarles los celulares que paga el fisco a los dependientes con categoría inferior a director son algunas de las medidas contempladas por un decreto de Alfredo Cornejo destinado a vertebrar la administración del personal y ciertos bienes del Estado en su gestión.
El decreto es del 15 de enero, lleva el número 65 del año en curso y fija las pautas para ajustar ciertos gastos corrientes del gobierno relacionados fundamentalmente con su personal y algunos proveedores.
En el texto del decreto se lee un manual para llevar una parte de la administración en el primer año de gestión del radical que asumió el 9 de diciembre. Cornejo se guardó el poder exclusivo para autorizar excepciones a las reglas del ajuste.
El plan de ajuste de la administración pública fue instaurado por el mandatario el mismo día que se oficializó la desafectación de más de 80 empleados que entraron en la gestión del peronista Francisco Pérez. El texto aborda distintos flancos por donde gasta el presupuesto el Estado. El achicamiento de este ítem fue una de las principales promesas de campaña de Cornejo.
