Por Gladys Martínez López
Para Diagonal
Pintar las puertas de sus casas de rojo, obligarlos a llevar pulseras rojas si quieren recibir tres raciones de comida al día, requisarles dinero y joyas, confinarlos en campos, apartarlos con vallas y alambradas, expulsarlos, deportarlos, dejarlos morir por miles en su periplo desesperado… ¿Alemania, años 30 y 40? No. Europa, 2016. No hay día que pase sin que una nueva medida, ley o política en materia de refugiados se apruebe en algún país de la Unión Europea, pero pocas de ellas están destinadas a mejorar la acogida, aplicar la legislación internacional o evitar las muertes en el mar, que en los primeros 31 días del año se elevan ya a 309 personas –cerca de 4.000 en 2015–, según datos oficiales.
Si el escándalo levantado en Reino Unido a finales de enero ha obligado a las dos contratas que se encargaban del alojamiento y alimentación de los refugiados en las ciudades de Middlesbrough y Cardiff a anunciar que dejarán de “marcar” a estas personas con puertas rojas en sus viviendas y con pulseras rojas, respectivamente, otros países se apresuran a aplicar medidas que siguen levantando inevitables comparaciones con el pasado. El 26 de enero, el Parlamento de Dinamarca aprobaba, con los votos de los liberales en el Gobierno, los socialdemócratas de la oposición y dos pequeños partidos de extrema derecha, la ley que le permitirá despojar a los refugiados de todo su dinero y “joyas sin valor sentimental” que superen unos iniciales 1.340 euros. Antes de Dinamarca, ya hacía algo parecido Suiza, que se limita al efectivo. Y los länder alemanes de Baviera y Baden-Württemberg: el primero, gobernado por los social-cristianos; el segundo, por socialdemócratas y verdes, pueden quedarse con el dinero y bienes de los refugiados que superen los 750 o los 350 euros, respectivamente.
“Parece que Europa no tiene memoria porque algunas de estas medidas se parecen mucho a las que los nazis tomaban contra los judíos en los años 30, y ya sabemos cómo terminó”, indica Beatriu Guarro, de SOS-Racisme y portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum, que añade que “la confiscación de bienes atenta contra los derechos humanos de manera flagrante”. A la requisa de dinero y joyas se suman, por ejemplo, las políticas que endurecerán y limitarán la reagrupación familiar, aprobadas por Dinamarca e imitadas el 28 de enero por Alemania. Pero también las expulsiones masivas. Suecia ya ha indicado que deportará a 80.000 solicitantes de asilo, la mitad de los que han buscado refugio en su país en 2015, mientras que Finlandia echará a unos 20.000, el 60%, muchos de ellos iraquíes, a través de vuelos chárter. Y Austria limitará las peticiones de asilo este año a 37.500 y rechazará a todos los demás, sin importar sus circunstancias. Otros países, como Hungría, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, ya dijeron que los refugiados musulmanes no eran bienvenidos.
“Estamos ante la confirmación de que la universalización de los derechos humanos es una gran mentira. Lo que está primando aquí es el concepto de Estado nación, el concepto de ciudadano, los derechos para los de aquí; todos los convenios están pasando a ser papel mojado”, dice Pablo Sainz, de la Red Solidaria de Acogida, que añade que “el debate se está centrando en cuáles son las medidas más coercitivas que se pueden implementar, en consonancia con las políticas migratorias de los últimos 25 años, que siempre han vinculado la cuestión securitaria con el control de fronteras sin importar las vidas que esto haya costado”.
El fin de Schengen
Así, en los últimos cuatro meses varios países han levantado cientos de kilómetros de vallas en sus fronteras para tratar de frenar el flujo de refugiados, pero sólo han conseguido desplazarlo. Hungría con Serbia y posteriormente con Croacia, Eslovenia con Croacia, Austria con Eslovenia… Son los nuevos muros de Europa, a los que se suman los controles aduaneros “temporales” establecidos por Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia o Austria, y que ponen en entredicho la libre circulación en la UE establecida por el acuerdo Schengen en 1995, que pende de un hilo y que varios países abogan por suspender o eliminar.
En medio de este recrecimiento de los muros, Austria ha amenazado a Grecia con la expulsión de Schengen si no frena el flujo de refugiados, y la propia Unión estudia la posibilidad de sellar la frontera Macedonia-Grecia, además de una propuesta de Holanda, gobernada por una coalición de liberales y laboristas, de deportar hacia Turquía a todos aquellos que lleguen a las costas griegas a cambio de un cupo ‘legal’ de entrada a Europa de entre 150.000 y 250.000 al año. De momento, Grecia ha aceptado que la agencia europea de control de fronteras, Frontex, patrulle sus costas y se encargue de expulsar a Turquía, con la que Europa ha firmado un acuerdo migratorio por 3.000 millones de euros, a los migrantes económicos que hayan conseguido llegar a sus costas.
“Europa debería rescatar a las personas y clausurar el Frontex, que no sólo no ayuda a los rescates, sino que muchas veces los están impidiendo”, indica Guarro, que regresó de Lesbos hace escasos días, y que denuncia que “en Europa se están violando todas las leyes de asilo”.
En este caldo de cultivo, empiezan a abundar declaraciones como la de la líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que el 1 de febrero reclamaba que “los agentes deben usar armas de fuego, si es necesario, para impedir que refugiados crucen las fronteras de forma ilegal”. Y también la que el ministro griego de Migración, Ioannis Mouzalas, ha denunciado haber recibido de su homólogo de Interior belga: “Hacedlos retroceder en el mar, id contra la ley, no me importa si los ahogáis”.
“En Europa hace 20 años que se vienen produciendo muertes en frontera, el Mediterráneo se ha convertido en la fosa común más grande de la época contemporánea. Pero sí es la primera vez que con tanto descaro se habla de la vulneración de derechos humanos, y da la impresión de que es porque gran parte de la sociedad ha normalizado que esto suceda”, dice Sainz. “El discurso que se ha generado es que todo el que viene de fuera, siempre y cuando sea pobre, es un peligro para la sociedad, y cuando instalas un discurso de ese tipo, cualquier medida que tomes para evitar su llegada, por salvaje que sea, va a ser bien recibida por una parte amplia de la sociedad. Creo que estamos ante ese escenario”, añade.
Frontera sur
En este contexto, tanto Guarro como Sainz recalcan la necesidad de no olvidar la situación que se vive en la frontera sur de Ceuta y Melilla, “quizá una de las muestras más fehacientes de la brutalidad que se puede llevar a cabo en frontera”, dice Sainz, con vallas, concertinas, agresiones y otras vulneraciones de derechos.
Según este activista, “en la Red Solidaria de Acogida hemos estado en contacto por lo menos con 3.000 personas refugiadas en los últimos cuatro meses; en su mayoría han entrado por la frontera sur pese al terrible control que hay”. A menudo, procedentes de Siria o de otros países, encuentran enormes dificultades para cruzar la frontera, y una vez aquí “están siendo invisibilizadas”. Además, incide la portavoz de SOS-Racisme, “si el reparto de cupos ya es vergonzoso, porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos no pone que unas personas tengan más derecho a la vida que otras, además no se está cumpliendo”. En el caso de España, indica, “de las 18 personas que estuvo dispuesta a recibir el año pasado, al final fueron 12, y sólo una de Siria. La política de España es de vergüenza total y absoluta”.
Sainz, además, denuncia las categorizaciones que se crean tanto en España como en Europa, primero entre migrantes legales e ilegales, ahora entre migrantes económicos y refugiados, e incluso las enormes diferencias entre refugiados, ya que muchos países han decidido limitar el refugio a personas de Siria, Iraq y Afganistán –y rechazar a las demás– siempre y cuando logren burlar a la muerte, pagar a las mafias, sobrevivir al mar, cruzar las fronteras y superar las burocracias.
Diez mil menores desaparecidos en Europa
El 31 de enero, la Oficina Europea de Policía (Europol) anunciaba que, según sus datos, al menos 10.000 niños refugiados no acompañados han desaparecido en Europa, 5.000 de ellos de los centros de refugiados de Italia, y otros 1.000 en Suecia. Se teme que muchos de ellos, los que no se encuentren con familiares, hayan caído en manos de una “estructura criminal paneuropea”, un conjunto de organizaciones mafiosas que habría surgido hace 18 meses, con Alemania y Hungría como bases principales y que distribuirían a los menores a otros países para su explotación sexual o como esclavos. En 2015 llegaron a Europa 26.000 niños refugiados sin acompañamiento.
