Los alegatos por parte de la querella del MEDH en el megajuicio a jueces cerraron la semana de reinicio del proceso contra Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo. La trama que liga los procedimientos del D2 y la justicia federal revela, según Pablo Salinas, a cargo de alegar por esa institución, que Romano y Miret usaban los expedientes de Pedro Sánchez Camargo, que había actuado bajo las órdenes de Julio César Santuccione, y valoraban como verdaderas las confesiones obtenidas bajo tortura, violación y abuso.
Entre otros puntos, Salinas remarcó que Miret se negó a restituir a la joven de 17 años Luz Faingold a sus padres argumentando que: “No obstante sus escasos diecisiete años podría ser un sujeto de gran peligrosidad”.
"Para dictar la prisión preventiva de (Ángel) Bustelo y caracterizarla como asociación ilícita, se acogió a los decretos que perseguían la actividad política, decretos que formaban parte del dispositivo pretendidamente legal con que la dictadura reemplazó las leyes de la nación", señaló Salinas, según recoge el sitio juiciosmendoza.blogspot.com
Las fuerzas represivas procedían y los jueces avalaban su actuación. Jueces, policías y militares se beneficiaban en esa relación y tanto los unos como los otros obtuvieron por su participación en el plan criminal de exterminio premios y ascensos, legó el MEDH.
Un paraguas de impunidad para la repetición de los delitos
Si los expedientes acusatorios avalaban a la policía, los que bajo el nombre “Fiscal vs. Autores desconocidos” recogen las denuncias de las familias de las víctimas muestran la indudable parcialidad de los jueces, su desprecio por las vidas e integridad de quienes se habían convertido en perseguidos por razones políticas, siguió el alegato.
En estos expedientes se pueden leer los relatos de secuestros, violaciones, robos y atropellos. Pero ante las denuncias el procedimiento de los jueces se repetía: se aceptaba la competencia, se llevaba a cabo el sobreseimiento provisorio y luego se archivaba la causa.
"Ninguna investigación fue promovida. El silencio y el olvido, el rechazo de los Hábeas Corpus y el pago de las costas fue la respuesta para los familiares de las víctimas. De allí que se los acuse de participación primaria: con su accionar permitían que las fuerzas represivas siguieran actuando, pues les proporcionaban un paraguas de impunidad. Como es bien sabido, la impunidad llama a la repetición de los actos delictivos, y así sucedió en Mendoza durante los años de la dictadura", remarcó el letrado.
Fuente: juiciosmendoza.blogspot.com
