El alegato de Pablo Salinas en el IV Megajuicio por delitos de lesa humanidad, en representación del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), profundizó una línea argumental que intenta demostrar que los cuatro ex jueces imputados fueron parte del terrorismo de Estado en Mendoza a través de un plan sistemático de actuación que necesitaba de los jueces federales.
"El poder no necesitaba todos los jueces, sino un aparato judicial manejable: la Justicia Federal Penal. A partir de la ley 20840, los casos en los que aparecía la palabra subversivo, eran derivados directamente a la justicia federal. El sistema necesitaba un aparato judicial para legitimar sus acciones y aplicar el régimen jurídico y legal de la represión ya en 1975", sostuvo Salinas.
Salinas inició la descripción, causa por causa, de los hechos que involucran a Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo en el funcionamiento del aparato represivo.
Se refirió a la actuación de los ex magistrados en el caso de Virginia Adela Suárez, en el cual intervinieron Luis Miret como juez y Otilio Romano como fiscal: la conducta de ambos fue similar y se repitió en todos los casos de denuncias por desapariciones. "Esto es: declararse competentes para rápidamente resolver el sobreseimiento de las causas y archivarlas sin promover una mínima investigación", indicó el abogado, tal como recoge el sitio que lleva al día las crónicas, juiciosmendoza.blogspot.com.
No había un dictamen para cada caso, sino un sello, una fotocopia, en la que lo único que se escribía a mano era el número de expediente.
"Específicamente con Virginia Suárez, a pesar de existir un sumario policial y de la denuncia de la madre, donde se hacía referencia también al robo de dinero, Romano no encontró 'indicios para determinar a los autores' y pidió el sobreseimiento. Le estaban diciendo: 'Señor juez, señor, fiscal, me están secuestrando una hija de 21 años, me están robando'. En la denuncia se mencionaba la participación de dos personas con birretes del ejército, la sustracción de una máquina de escribir, pero nada motivó a Romano para investigar", indicó.
Este expediente, concluyó Salinas, demuestra claramente la voluntad de Romano, como fiscal, y de Miret, como juez, de no investigar. Este proceder es indicativo de la decisión evidente de favorecer la impunidad, sobre todo a partir del momento en que se declararon competentes.
Recordó el abogado del MEDH que idéntico dictamen, sólo con cambio de número, tuvo la causa por la desaparición de Héctor Granic, producida en fecha cercana a la de Suárez.
Las “cosas perdidas”
Otra evidencia del accionar cómplice de la Justicia Federal, puntualizó Salinas, fue cuando Romano presentó un recurso, en la causa “Fiscal C/Luna”, para que no se investigara la denuncia de robo de bienes realizada por una detenida, Alicia Morales de Galamba, por entender que el Tribunal se transformaría en una “oficina de búsqueda de cosas perdidas”.
Luego, el profesional del Movimiento Ecuménico hizo algunas consideraciones generales sobre los delitos de lesa humanidad y el juzgamiento de la responsabilidad civil. Aludió a la comodidad de culpar sólo a Jorge Rafael Videla, sin investigar el rol clave de las instituciones civiles que favorecieron el accionar criminal de los genocidas. Reiteró, como en la primera parte de su alegato, que el régimen dictatorial necesitó, fundamentalmente, del Poder Judicial y de ciudadanos calificados, como lo eran jueces y fiscales, que tuvieran cierto consenso social.
El derecho internacional considera crímenes contra la humanidad a todos aquellos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz. Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes de lesa humanidad en las que fueron partícipes quienes integraron lo que Salinas llama el Grupo de Tareas Judicial de Mendoza: torturas, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, ataques sexuales, legitimación de declaraciones bajo tortura, persecuciones por motivos políticos. En todas ellas están involucrados Romano, Miret, Petra y Carrizo.
Pablo Salinas se preguntó si los ex magistrados tenían conocimiento de lo que sucedía. "La respuesta es que sí: sabían. No desconocían que había torturas, que se arrancaban confesiones bajo tormento que los propios jueces utilizaban luego para determinar condenas. No podían no saber, desde el momento en que por sus manos pasaban expedientes en los que constaban los hechos", indicó el querellante.
El abogado entiende que los cuatro ex jueces “formaron parte voluntariamente de la estructura organizativa que llevó a cabo la comisión de estos crímenes, como consta en la prueba documental, testimonial, y en sus propias indagatorias”.
