"La dictadura no creo tribunal ad hoc para juzgar a la subversión. Pero existían sistemas paralelos de represión: en la superficie, con los tribunales federales que se basaron en la Ley 20.840, y los consejos de guerra. Y en la clandestinidad, el Ejército y los grupos de tareas, la degradación de las fuerzas armadas al rol de bandas armadas", resumió en un tramo de su alegato el fiscal Dante Vega, quien en la audiencia por el Megajuicio desplegó argumentos por las acusaciones contra los cuatro exjueces Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Max Petra.
"Si el golpe significó una afrenta a los valores republicanos, la opción era renunciar. No es una frase hueca y antojadiza. Hay ejemplos. Renunció Pedro Narvaiz, y no es alguien que pueda ser considerado progresista o zaffaroniano. Cuando lo presionaron para que dejara de aceptar hábeas corpus, él renunció", siguió Vega.
"Aquellos magistrados que permanecieron en sus cargos y con más razón los que fueron nombrados en el gobierno de facto, asumieron un compromiso institucional", postuló el fiscal. "El camino que uno tome lleva a la misma conclusión: los jueces obviaron o malversaron sus roles, o bien usaron la legalidad. Los jueces sabían que había desaparecidos, estaban en los expedientes judiciales ¿Cómo se puede leer eso desde lo jurídico, desde lo legal?"
"Cuando rechazaban un hábeas corpus, cuando omitían investigar, cuando ignoraban a una persona con signos visibles de tortura, estos jueces siguieron con una tradición autoritaria, pero innovaron", agregó Vega.
