La exposición de la Fiscalía del "caso de los jueces" contra Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo continuará este lunes en una nueva audiencia del denominado Megajuicio. Los ex jueces federales que están siendo juzgados en el debate oral están imputados por los distintos roles que cumplieron como jueces o fiscales durante el terrorismo de Estado. En esa época, el marco legal permitía que el entonces fiscal Romano o el defensor Petra subrogaran el cargo de Carrizo, Gabriel Guzzo (fallecido) y Miret, que eran jueces. Salvo Petra, los demás están acusados de haber cometido crímenes también antes del golpe de Estado.
Durante el alegato, la Fiscalía describió las tareas inherentes a la magistratura, recordó la actuación de la justicia de Argentina en las diferentes dictaduras precedentes a la última e incluso citó la experiencia de la Alemania nazi, donde también hubo un "juicio a los jueces" del Tercer Reich.
Tras brindar ese contexto, los fiscales nuevamente se enfocaron en el objeto del juicio: "Se podrá argumentar el contexto y el hecho que no corresponde exigir a nadie conductas heroicas, pero esto no es aplicable a los magistrados que decidieron continuar en sus cargos luego del golpe cívico-militar. Al permanecer dentro de la estructura judicial, al jurar nuevamente por 'el Acta del Proceso de Reorganización Nacional, sus Estatutos y la Constitución Nacional' de acuerdo a la fórmula del régimen, todos los magistrados asumieron nuevamente el compromiso de velar por la Constitución Nacional por más que figurara en tercer lugar en el esquema golpista. En última instancia, y en caso de existir contradicción, debía prevalecer el texto constitucional", puntualizó Dante Vega en un tramo de su exposición.
La Fiscalía señaló que la particularidad del caso radica en que los ex magistrados imputados eran "funcionarios que venían de un período de derecho anterior y que representan un fenómeno propio de la burocracia judicial nacional como es la continuidad en los cargos pese a la transitividad de los regímenes políticos", por lo cual "la misión de los magistrados en el plano del deber ser siempre fue la misma".
Y, en efecto, los magistrados están acusados por su participación en crímenes antes y después del Golpe de Estado, recordaron los fiscales.
"El detenido que denunciaba a un juez haber sufrido torturas en manos de la policía sabía que tenía enfrente a la persona más indicada para denunciar ese delito y no a cualquier oficinista. Las personas en general acudían a instituciones preestablecidas y en base a procedimientos y leyes vigentes", continuaron Vega y Auat, y en ese sentido señalaron que "cuando se analice la conducta de los ex magistrados imputados en este juicio debe considerárselos precisamente como eso: como magistrados, con todo lo que ello implica, y no como funcionarios de un régimen de excepción".
Para los fiscales, cada hábeas corpus rechazado y cada denuncia que no era investigada permite ver cómo los imputados "se adaptaron a la faena represiva".
Auat:“Las víctimas no están en la agenda moral de los imputados”
El Poder Judicial funcional
La Fiscalía hizo una pausa para analizar la conducta del Poder Judicial en todos los golpes de Estado, desde 1930. Los representantes del MPF recordaron que todas las dictaduras "usurparon el Poder Ejecutivo y disolvieron el Congreso, pero no el Poder Judicial". Señaló algunas excepciones, como la remoción de "unos pocos jueces yrigoyenistas" con el golpe del '30 y lo atribuyó a "la sencilla razón que la ideología del Poder Judicial de la época estaba de acuerdo con el golpe".
También, repasaron la remoción de algunos jueces en 1943 y remarcó que el golpe de Estado de 1955 hizo sentir en el Poder Judicial "el primer remezón autoritario", con el blanco en los magistrados nombrados por el peronismo, que fueron puestos en comisión y sujetos a confirmación de una comisión especial. Esa dictadura se convirtió en la primera en remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y al procurador general de la Nación, y a todos los ministros de los tribunales superiores de las provincias y a sus procuradores.
El golpe del '66, recordaron, también fue por los jueces de la Corte y por el Procurador, y dejó en manos de los interventores provinciales la remoción de los miembros de los superiores tribunales de cada jurisdicción. "El golpe del ’76 combinó lo peor de todos: removió a la Corte federal, al procurador, a las cortes provinciales, declaró en comisión al poder judicial, echó a jueces sin instancia previa y hasta secuestró a miembros del Poder Judicial como a la fiscal Nelly Ortiz, quien continúa desaparecida al igual que diecisiete empleados de la justicia nacional", describieron.
No obstante, indicaron que "a lo largo de estos cincuenta años de golpes militares lo que caracterizó al Poder Judicial no fue la remoción ni el secuestro sino la continuidad. En su inmensa mayoría todas las carreras judiciales, desde el último auxiliar a los jueces de apelaciones, mantuvieron su escalafón o ascendieron de cargo mientras el país entero se sumía en el desconcierto y en la inestabilidad institucional". Y, en ese sentido, postularon que "la explicación política de este fenómeno puede obedecer no sólo a la ideología conservadora de los cuadros judiciales en general sino a su aporte activo al golpismo".
De todas formas, sostuvieron que "existen importantes diferencias entre los colaboracionismos judiciales de las cuatro primeras dictaduras en comparación con la última", cuando se registró "un salto cualitativo en la colaboración judicial con esa represión".
Fuente: Archivo Explícito/Fiscales.gob.ar
