Por Verónica Bisdorff*
Para Agencia Pelota de Trapo
“Voy a decirlo de entrada, para quien quiera entender. Son penas muy encimas el ser pobre y ser mujer”, así inicia un poema emblemático de Carmen Soler y no puedo más que pensar en lo certero de estas palabras en la historia de “la niña wichi”, como le llamamos todos por estos días. A las enunciadas por la poeta, se suman el ser niña, pertenecer a una comunidad wichi del históricamente abandonado Nordeste Salteño, vivir con una discapacidad y ser víctima de violencia sexual.
En noviembre de 2015, en la localidad de Alto La Sierra departamento de Rivadavia, una niña, de 12 años, perteneciente a una familia wichi fue víctima de violación múltiple. Al ser atendida en el hospital de la zona sucedieron una serie de acontecimientos que son la definición misma de la violencia institucional y la revictimización de las víctimas de violencia sexual. Juana (llamaremos así en adelante a la niña para proteger su identidad. Otras de las irregularidades acontecidas en los medios de comunicación en este tiempo), no recibió el tratamiento de prevención de ITS, no se le dio la anticoncepción de emergencia, ni recibió un seguimiento de su estado de salud en los meses siguientes, por lo cual tampoco se detecto su embarazo a tiempo. Tampoco se asesoró a su familia acerca de la posibilidad de acceder a un aborto no punible.
Los padres hicieron la denuncia y los informes que realizó el médico se pusieron en cuestión porque si bien constatan la violencia, están firmados por un médico de Bolivia que trabaja en el Hospital Público con autorización del Ministerio pero no tiene validado su título. Sin embargo, el médico legista apareció varios días después a realizar la revisión y dijo no poder constatar signos de violencia, no obstante la fiscalía si pudo denunciar a los profesionales que intervinieron sin contar con un aval formal, pero trabajando en el hospital con el conocimiento del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, también se dejó en libertad a los sospechosos y no se encontró a un traductor que pudiera tomar la declaración de Juana. Contradicciones de esta justicia que mantiene presa dos años sin condena a Belén en Tucumán por un aborto espontáneo, pero libera violadores en los parajes olvidados del norte.
Hasta aquí podemos decir que el escenario es una comunidad 35.000 habitantes entre criollos y wichis, dispersos entre pequeños pueblos más o menos inaccesibles. Que no cuentan con cloacas ni agua potable, y los niños mueren cada año por causas totalmente evitables. Que muchos de sus pobladores, como es el caso de Juana, no hablan castellano y no fueron escolarizados. Que el acceso a la salud es ninguno ya que Alto La Sierra sólo cuenta con un enfermero y ninguna ambulancia o vehículo de traslado seguro y el médico es Boliviano egresado en Cuba, autorizado para atender, pero se ve que no legitimado institucionalmente para firmar un informe que en definitiva denuncia el abandono y la discriminación alevosa a estas comunidades.
A continuación vino el revuelo de los medios, las organizaciones sociales y las recién amanecidas instituciones públicas: Fiscalía, Ministerio de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas, Justicia y Derechos Humanos, cámara de Diputados, y un largo etc.
Así es como en la semana entre el 28 de Mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres y la marcha “Ni una menos” y ya con 6 meses de embarazo, el Ministro de Salud de la Provincia anuncia que se realizará una cesárea a la niña ya que el embarazo es inviable por presentar malformaciones incompatibles con la sobrevivencia del feto. Una vez más, no se trata de los derechos de la niña lo que define una acción de resguardo de su salud, sino una causa que mantenga la tranquilidad de consciencia de los profesionales y la opinión pública anti derechos, prevaleciente en Salta. Coronaron los titulares una nota periodística que titula la muerte del bebé de la niña wichi tras pocos minutos de vida.
En nuestro el país, el aborto es legal en casos de violación y que pongan en riesgo la vida o la salud de la mujer. A pesar de encuadrar dentro de estas definiciones del código penal, por donde se lo mire, Juana no recibió información, no tuvo oportunidad de decidir sobre su vida y su cuerpo, aún con una denuncia penal en curso, no recibió información y tampoco se le tomó declaración, siendo discriminada por su origen étnico. Se violaron sistemáticamente todos sus derechos, incluso el de preservar su identidad ya que en algunos medios gráficos locales, se difundieron su nombre y el de sus padres, dejándola expuesta.
Salta es una de las provincias que desde el Fallo FAL hasta ahora, obstaculiza sistemática y deliberadamente el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo. A partir del decreto 1170/12 del gobernador Urtubey, se pone como condición en caso de violación, la intervención de la Asesoría de Incapaces en casos de menores de edad y de la defensoría de turno para las mujeres mayores. Por otro lado el Hospital Público no brinda información a las mujeres que están en condición de acceder a esta práctica y cuenta con una completísima lista de objetores de consciencia, por lo que las ILE representan un número muy bajo en comparación a la cantidad de abortos incompletos que el hospital atiende. En 2015 se realizaron sólo 5 ILE’s sobre un total de 3401 egresos por aborto del hospital publico materno infantil según datos del programa de salud sexual de la provincia.
El caso de Juana se convierte así en el compedio de la violación a los derechos humanos propios de una provincia a la que parecen no llegarle las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los Tratados Internacionales y ni siquiera los avances legales, jurídicos y políticos conseguidos en estos años de democracia. Las penas de Juana han sido encimadas: fue violada, no recibió una atención medica digna y de calidad, ni fue acompañada legal e institucionalmente en el reclamo de sus derechos.
*Psicóloga Feminista – Integrante de Socorro Rosa Salta
