Diputados peronistas quieren que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia intervenga con su opinión en la discusión de las modificaciones al Código Procesal Penal que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo en la Legislatura. La iniciativa oficial pretende incorporar la oralidad al procedimiento penal, además de darle facultades reservadas a los fiscales a los ayudantes fiscales, entre los intereses de fondo promovidos por el gobierno.
El peronista Jorge Tanús, acompañado por sus pares Gustavo Majstruk, Lucas Ilardo, Carlos Bianchinelli y Omar Parisi, a través de un Proyecto de Resolución, formalizó la necesidad, según su criterio, de conocer la posición de la Suprema Corte respecto de la viabilidad de la reforma del Código de Procedimiento Penal que pretende Cornejo.
De acuerdo a la iniciativa surgida del bloque de diputados peronistas, el máximo tribunal no puede estar al margen de las decisiones sobre el futuro de los procedimientos penales porque de él depende a administración de la Justicia.
"Coincidimos en general con la idea expuesta por el Ejecutivo y compartimos la necesidad de instrumentar cambios que agilicen el proceso penal. No obstante, creemos necesaria la intervención de la Suprema Corte, atento a que más allá de las consideraciones legales y constitucionales sobre las cuales no puede expedirse la Corte, consideramos que existen cuestiones que hacen a la instrumentación del proceso, a la faz administrativa e instrumental que necesariamente requieren de la opinión del máximo Tribunal", advirtió Tanús al plantear la iniciativa a favor de la consulta al máximo tribunal de la Justicia local.
Entre estos aspectos operativos consultados por los legisladores, se destaca el sistema de sanciones a aplicarse a los ayudantes de fiscales en el caso de mal desempeño. En el proyecto presentado por el Ejecutivo se plantea la equiparación de fiscales y ayudantes en algunos actos procesales de importancia, pero no en cuanto a las sanciones disciplinarias teniendo en cuenta que los fiscales son sometidos al Jury de Enjuiciamiento, advirtieron los diputados firmantes de la iniciativa encabezada por Tanús.
Los legisladores peronistas se quejaron de que "el Ejecutivo en el último tiempo ha remitido a la Legislatura para su sanción distintos proyectos de Leyes que modifican el Código Procesal Penal apurando su tratamiento legislativo sin dar la posibilidad de intervención de la Suprema Corte de Justicia en los aspectos administrativos y operativos que en definitiva le corresponden aplicar a ese Tribunal".
Al respecto, Tanús subrayó: "Entendemos y compartimos la premura que exigen los cambios para combatir la inseguridad, pero esto no puede justificar la realización de modificaciones heterogéneas, que se conviertan en ilusorias o una simple expresión de deseos por la falta de viabilidad operativa en su aplicación. Para evitar esto consideramos de fundamental importancia recibir la opinión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza".
