La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló en un documento para los fiscales que llevan adelante este tipo de causas que más del 40 por ciento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad se encuentran con prisión domiciliaria, tanto en modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva como de la ejecución de la pena en el caso de condenados.
Recordó que la Procuración General ha dictaminado -con el consecuente aval de la Corte Suprema- que la detención domiciliaria "implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad".
En ese sentido, el trabajo de la Procuraduría señala que "el Estado tiene la obligación internacional de impedir que la imposición de la restricción de la libertad conlleve un trato cruel, inhumano o degradanet ni afecte a otros derechos fundamentales de las personas".
"Frente a esta tensión, este documento ofrece una serie de pautas sobre buenas prácticas aplicables al momento de evaluar la concesión de la detención domiciliaria y el control de su cumplimiento", sostiene el trabajo.
Este es el documento completo de la Procuraduría:
Foto de portada: Otilio Romano, ex juex federal, juzgado por delitos de lesa humanidad, uno de los beneficiados con prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
