El Gobierno de Mendoza salió a bombardear el posible otorgamiento de un bono de fin de año a los trabajadores para compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo del salario ocasionado por la inflación. "Mendoza no está en condiciones financieras de entregar un bono a fin de año", declaró a los medios el ministro de Hacienda de Alfredo Cornejo, Martín Kerchner, este lunes.
El bono de fin año es la salida preferida por el macrismo y sus aliados del sector empresario para evitar la reapertura de paritarias. La CGT aceptaría la variante preferida por el gobierno y las patronales, en medio de una fuerte presión de las bases del trabajo por conseguir alguna recomposición de ingresos. Las CTA, en línea con los gremios más combativos de la CGT, quieren discutir aumentos permanentes y no ceder a una contribución extraordinaria por única vez.
Kerchner se adelantó a la definición del gobierno nacional en esta materia y pidió asistencia de Macri para el caso en que se concrete lel otorgamiento del bono de fin año a los empleados. "Por ahora no hay nada claro", relativizó el funcionario de Cornejo antes de advertir que en el caso de que otorgue el bono "dependeremos mucho de la ayuda que nos brinde la Nación”.
El gobierno de Macri y los líderes cegetistas están muñequeando un clima en calentamiento permanente con las bases obreras. El bono de fin de año no es lo deseado por el macrismo, aunque se prefiere antes que tener que ir hacia una rediscusión de salarios forzada por medidas de fuerza.
La conducción colegiada de la recientemente unificada CGT está presionada por sus bases y la competencia del ámbito gremial a conseguir algo contra la devastación del poder de compra de los trabajadores. El castigo a los asalariados será mayor aún cuando entre en vigencia el tarifazo dispuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en medio de sospechas de que la medida se diseñó para beneficiar a las empresas que le venden gas al país, entre las que se destaca Shell, para la que reportó el ministro hasta no hace muchos meses.
La inflación anual será superior al 40%, según las estimaciones de todos los entendidos en la materia, mientras Cornejo dispuso el 25% de incremento salarial para los estatales. Sólo los gremios minoritarios aceptaron la imposición del radical, mientras que los gremios mayoritarios, entre los que se cuentan el SUTE y ATE, rechazaron el porcentaje que condenó a los trabajadores públicos a perder poder de compra.
