El Liceo Militar General Espejo no fue un Centro Clandestino de Detención para la defensa de los acusados de crímenes de lesa humanidad en el IV Megajuicio, sino "un lugar de reunión de detenidos", tal como lo nombró Leonardo Pérez Videla en la última audiencia del proceso que sentó en el banquillo de acusados a exjueces, expolicías y exmilitares.
Pese a los cientos de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de estado que detallaron los vejámenes y torturas a los que fueron sometidos allí los presos políticos como parte del corredor del terrorismo de estados que completaban el exD2 y la Penitenciaría, Pérez Videla se refirió a que las condiciones de encierro en el Liceo no fueron extremas y alegó que a través de un alambrado los detenidos conversaban con sus familiares y que incluso se les concedió tener una guitarra, reporta el sitio juiciosmendoza.blogspot.com
"No dijo que a esa guitarra sólo la permitieron unas horas y la secuestraron, como lo contó el exdirigente del gremio docente, Marcos Garcetti", agregó el portal, gestionado por organismos de DD.HH.
"Con ese argumento, ya desacreditado a lo largo de todos los juicios de lesa humanidad en el país, pretendió justificar a los imputados en esta causa –Dardo Migno, Ramón Ángel Puebla y Carlos Horacio Tragant- y en la que son víctimas Carlos y Roque Luna, David Blanco, Carlos Córdoba, Daniel Ubertone y Rosa Gómez", agregó.
Informe Explícito: Liceo Militar, enlace clave en el corredor local del terrorismo de estado
Para todos aquellos por los que alegó Leonardo Pérez Videla en la última audiencia del IV Megajuicio de lesa humanidad –Paulino Furió, Alsides Francisca, Héctor Camargo, Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce, Ricardo Miranda, Armando Guevara, Dardo Migno, Ramón Puebla, Carlos Tragant y Pedro Linares- pidió la absolución lisa y llana o la absolución por el beneficio de la duda en una alocución muy similar a las nueve jornadas anteriores en las que intentó desligar a sus defendidos de los crímenes de lesa humanidad de los que se los acusa.
Pérez Videla argumentó, de manera unánime, que los aludidos sólo obedecían órdenes de quienes sí son responsables del genocidio -todos los supuestos responsables aludidos por el defensor son militares ya fallecidos- con una variante: desacreditar el testimonio de cientos de víctimas directas de la represión o sus familiares frente al tribunal.
