"La policía protege a los uniformados que han cometido gatillo fácil. En el caso de Jorge Castro no hubo legítima defensa, se supone que el policía debe tomar todos los elementos de persuasión antes de disparar. Él disparó a Nicolás cuando éste intentaba huir", señaló Luis Romano, abogado de la familia del adolescente de 16 años que fue fusilado por la espalda después de que presuntamente intentara quitarle el bolso al uniformado, que iba vestido de civil.
El abogado, entrevistado en el programa Percepciones, de la UTN, adelantó que acudirán a la Corte tras el fallo de la Segunda Cámara del crimen -firmado por José Valerio, Roberto Uliarte y Ariel Spektor-, que le dio al uniformado tres años de prisión domiciliaria por el asesinato, alegando legítima defensa.
"El tribunal entendió que era en exceso de legítima defensa porque el chico estaba por emprender la huida, con el segundo disparo entienden que es legítima defensa. Pero Castro ha declarado que él quiso defender no su vida, su bolso y sus bienes, y ha sido muy contradictorio en sus declaraciones, no entendemos porqué el tribunal toma sus dichos", señaló Romano.
Gatillo fácil en Mendoza
El caso de Nicolás Barrera es uno de los que engrosa la lista de organismos que relevan abusos policiales en Mendoza, por ejemplo la Asociación Xumek que abordó en uno de sus informes el tratamiento mediático que se hizo del caso: “Lejos de presentarse como ‘violencia institucional’ en el 99% de las situaciones se apela a la etiqueta de ‘Policiales’, es decir, se agrupa junto a los delitos”, indicó.
A su turno, el Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza señaló el fusilamiento de Barrera como uno de losemblemáticos en materia de abuso policial de los últimos años. Sobre el gobierno de Paco Pérez, señaló: “Culmina con un récord de 64 muertes a manos de las fuerzas policiales y penitenciarias. La mayoría en cárceles, pero también con una aumento significativo de las muertes en comisarías. Durante su gestión se produjeron casos resonantes: Benjamin Monje (8), Maximiliano Ríos (16), Nicolás Barrera (16), Gabriel Franco (16), Ezequiel Torres, Claudio Gil, Brian Cuello, Gerardo Navarro, Lucas Carrasco, Andres García Campoy, entre otros”.
La Campaña contra la Violencia Institucional denunció que mientras se leía la sentencia al policía, “afuera de la sala, tomaban los nombres de Familiares, militantes de la campaña y de otras organizaciones comprometidas con la lucha contra la impunidad. Amenazaban a compañeros con detenerlos, amedrentaban. Cobardes como siempre ¿Esos policías y esa Justicia es la que va a solucionar la cuestión de la seguridad? ¿En serio alguien piensa que nos pueden cuidar los funcionarios policiales y Judiciales que viven cometiendo delitos o los encubren?”.
