El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteará en sus reuniones con el presidente Mauricio Macri en su visita a la Argentina la cuestión de la propiedad intelectual incluida en semillas, un tema que sólo le importa a la multinacional Monsanto, que enfrenta conflictos por donde pasa en el mundo con sus transgénicos y pesticidas, y a los dueños de la soja que se exporta, quienes han empezado a revelarse al pago del impuesto a la compañía líder en monetización de la innovación tecnológica en materia genética.
La inclusión del lobby a favor de Monsanto durante su encuentro con Macri en Buenos Aires fue informado en una nota del diario La Nación que tomó como eje una pelea de la multinacional con un empresarios que tiene 45 mil hectáreas de soja y se niega a pagar lo que la empresa le cobra por el uso de su tecnología.
Sectores empresarios ligados al campo que son aliados claves de Macri en el frente interno están enfrentados con la política de la multinacional que tiene acceso privilegiado a Obama, por eso los términos y el tono que use el norteamericano para plantear el interés de su país por el respeto a la política comercial de Monsanto cobran relieve en medio de una agenda para la visita del presidente norteño que fue determinada por la significación del 24 de marzo para la historia de este país y de las influencias estadounidenses en los golpes de Estado de América Latina. Se cumplen 40 años del golpe que derrocó a Isabel Martínez de Perón e instauró la sangrienta dictadura de Jorge Rafael Videla.
La Sociedad Rural Argentinas (SRA) y Confederación Rural Argentina (CRA) encaran una batalla administrativa y legal contra Monsanto por abuso de posición dominante. También la Federación Agraria, pero las dos primeras tienen una alianza estratégica con el macrismo, que le sirvió al partido para llegar a la Presidencia y a los empresarios para librarse de las retenciones a las exportaciones no bien asumió Macri en la Casa Rosada. El conflicto de intereses tiene un origen: los dueños de la soja que se exporta son monsantodependientes ya que la multinacional con sus semillas posibilita que los empresarios del campo ganen más con menos costos. No está en disputa entre estos contendientes la salubridad de los transgénicos. Sólo está en tensión cuánto le pagan los sojeros a Monsanto por su parte para que el negocio sea más grande.
El poder de Monsanto para que su agenda sea emparentada con la de los Estados Unidos ya ha sido mostrado. El propio Obama tomó partido a favor de Monsanto y otras corporaciones vinculadas a la modificación genética en la producción de alimentos, en 2013, cuando operaron una ley a la medida de las necesidades de sus negocio mundiales y el presidente de los Estados Unidos optó por convalidarla frente al rechazo de los críticos a los agrotóxicos y transgénicos. Mediante está legislación, Monsanto, Cargill, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, y todas las corporaciones internacionales que dominan el mercado de cultivos y productos transgénicos, están autorizadas a obrar por arriba del Poder Judicial.
Monsanto cobra 15 dólares por tonelada al dueño de la soja que se produjo con su tecnología sin que haya sido pagada. Tiene convenios con los exportadores, quienes analizan el producto y lo retienen en el caso de que no tenga el pago a Monsanto. La otra es opción es pagar de conformidad por anticipado, caso en el que la multinacional cobra la mitad de precio por la propiedad intelectual de la tecnología para producir más soja en menos tierra y con menos necesidades de atención al cultivo.
Las semillas resistentes a todo de la compañía han sido denunciadas por su potencialidad para dañar la salud, aunque no hay definiciones judiciales finales al respecto. De todos modos, hay países que se oponen al uso de alimentos con modificación genética en el proceso de producción y otros que fijan políticas para que sea claro para los consumidores de qué se trata.
Monsanto viene de ser denunciada en diciembre por crímenes contra la humanidad. Varias decenas de organizaciones no comerciales y activistas de derechos humanos demandaron a la transaccional por crímenes de lesa humanidad y ecocidio, por lo que habrá un juicio en el tribunal internacional de La Haya en octubre.
