Mientras en las escalinatas de los Tribunales Federales se celebraba la recuperación de la nieta 117, cuyas abuelas son las mendocinas María Domínguez (referente de Madres de Plaza de Mayo) y Angelina de Castro, en el interior del mismo edificio, en la audiencia por el IV juicio de Lesa Humanidad, dos testigos, un penitenciario y uno de los acusados por esos crímenes, intentaban desligar a los uniformados de toda responsabilidad.
Tanto Rubén Armando González, ex penitenciario, como Antonio Indalecio Garro , ex oficial de la Comisaría Séptma, donde varios testigos declararon haber sido torturados, acusaron a los sobrevivientes que lograron contar frente al tribunal los padecimientos en los centros clandestinos de detención de buscar recompensa monetaria al exponer sus vivencias.
El ex compañero del imputado Oscar Bianchi
Rubén Armando González se presentó citado por la defensa del imputado Oscar Bianchi. Ambos fueron compañeros en el penal de Mendoza. González repitió en varias oportunidades que el pabellón en el que estaban los presos por motivos políticos era de exclusiva responsabilidad del Ejército y que los agentes penitenciarios sólo ingresaban al mismo para llevar "el rancho" o porción de comida. Aseguró que no tenían contacto con estos prisioneros y que la entraba al pabellón estaba custodiada por un gendarme armado.
Negó haber escuchado rumores de que el imputado hubiera causado tormentos a los detenidos ni que pudiera haberse ocupado del traslado de los mismos a otro lugar o a “la peluquería” para ser interrogados y torturados.
A lo largo de este juicio y los anteriores se escuchó el testimonio de muchos prisioneros sobrevivientes que indicaron haber sido llevados a ese lugar por los mismos penitenciarios y haber sufrido allí interrogatorios acompañados de golpes y tormentos. “Si lo han hecho, fueron los militares, yo no tengo conocimiento”, señaló al respecto y agregó que algo así debería constar en los libros de novedades.
"A lo largo de la declaración, alineado a la concepción esgrimida con los viejos miembros de las fuerzas de seguridad, aseguró que el Ejército estaba en el penal para prevenir ataques terroristas, habló de bandos enfrentados y peor aún, aseguró que los presos se victimizaban para sacar rédito económico. Hizo una encendida defensa de los penitenciarios y se quejó reiteradamente de que son tratados como forajidos", reseñó el portal juiciosmendoza.blogspot.com
Un ex oficial de la Séptima, parte del corredor del terror
Antonio Indalecio Garro era oficial de servicio en la 7ª de Godoy Cruz cuando los testigos-víctimas Seydell, Amaya y Moretti fueron secuestrados y torturados en esa dependencia en momentos en que él cumplía aquella función.
Garro, exonerado de la policía 6 años después de su ingreso, se caracterizó a sí mismo como "indisciplinado". Aclaró que se incorporó a la fuerza buscando una salida laboral y en el momento de los cargos que se le atribuyen estaba sancionado; recalcó que “nunca desenfundó el arma”.
Hizo un recorrido de su foja de servicio y dijo que no recordaba a los detenidos y no había tenido trato directo con ellos. Admitió que en la Séptima hubo presos políticos que dependían del Ejército pero negó que en el lugar se torturara. También desechó que en la planta alta de los fondos funcionara la sala para esos fines, señalada por los detenidos.
Preguntado por el Fiscal acerca de por qué creía que su nombre fue esgrimido por los apresados, respondió que en su función de oficial de servicio, todos los subalternos lo nombraban permanentemente, “tienen que haberlo escuchado”, explicó.
Dijo conocer a José Lorenzo, imputado en la misma causa, pero aseguró que no coincidían en las guardias, en un intento de desmentir que ambos colocaban la venda a los detenidos para llevarlos a la tortura.
Preguntado sobre la ampliación de acusación de la Fiscalía por ataques sexuales contra los tres detenidos, Garro rió y aseguró que contaba con "cuatro matrimonios y ocho hijos. Tengo lo que necesitan las mujeres, sé halagarlas y otras cosas”. El comentario mereció la observación del Fiscal, quien le aclaró que la acusación no ponía en duda su heterosexualidad.
Finalmente, atribuyó la versión sobre tormentos a un ardid utilizado por los detenidos para sacar ventajas, presumiblemente mal aconsejados. “Prefiero ser crédulo”, dijo, e insistió en que en la 7ª no se practicaban torturas porque se hubiesen escuchado afuera.
Fuente: juiciosmendoza.blogspot.com
