Amnistía Internacional elaboró el primer mapa online de luchas indígenas de Argentina, en el cual se visualizan 183 casos de luchas territoriales en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo --entre otras--), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes. En el caso de Mendoza, incluyeron a las 11 comunidades huarpes en Lavalle, a la que pertenecen 4.500 personas.
"Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan. La información compartida es pública y propone ser un punto de partida para visibilizar los muchos casos que existen en el país. El mapa es una herramienta colaborativa de diversas organizaciones, abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran", señalaron los hacedores del mapa.
Sobre los huarpes lavallinos, indica Amnistía que "desde 1998 enfrentan un conflicto territorial producto de la intromisión en sus tierras de personas a quienes el gobierno provincial ha vendido terrenos que las comunidades reconocen como territorio ancestral. Los nuevos propietarios han alambrado parte de esas tierras. El total de las tierras en disputa es de 760.000 hectáreas".
Luego señala que "existe una ley provincial (6920, sancionada en 2001) para la expropiación y entrega de títulos a la comunidad, pero la Provincia no la hace efectiva. La comunidad Huarpe denuncia la complicidad del gobierno provincial con los intereses de las grandes empresas por no efectivizar la titularización de la tierra. Es el mayor conflicto territorial de Mendoza".
La organización destaca que existe en Argentina "una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión".
