Los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sur de México "no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula", reveló este domingo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudió el caso.
En el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y presentado este domingo en la capital mexicana se explica que se llega a esa conclusión a partir del resultado de un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios.
Tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales, Torero concluyó que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados" en el basurero el 27 de septiembre de 2014.
La evidencia recolectada muestra que "el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado" en el basurero de Cocula, ni siquiera para la incineración de uno solo de ellos, detalla el informe.
De haber existido un incendio de gran magnitud, los "daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura", pero no hay pruebas, destacó.
El experto dijo que tampoco existe evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero, donde solo se registraron "fuegos de pequeñas dimensiones".
En definitiva, según Torero, los testimonios de los presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos "indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos".
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció en enero pasado que había llegado a "la verdad histórica" de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre a partir de numerosas pruebas científicas y los testimonios de los supuestos autores materiales.
El entonces fiscal, Jesús Murillo, dijo que, gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.
Torero destacó las limitaciones científicas y técnicas de los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esa naturaleza, "por lo que sus conclusiones son, en su mayoría, erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación".
Según los cuatro supuestos autores materiales confesos, incineraron a los jóvenes durante doce horas por órdenes del jefe del cártel, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río San Juan solo pudo identificar genéticamente a uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora.
Según Murillo, la identificación de Mora certificaba que "el grupo ahí fue asesinado" porque "él iba con los demás".
Los expertos del GIEI han denunciado que algunos de los detenidos les han confesado que sufrieron torturas por parte de las autoridades para obtener la confesión, acusaciones que, según exigen en el informe, tienen que ser investigadas.
Otra de las conclusiones más importantes del GIEI es que en los distintos ataques de aquella noche no sólo participó la policía municipal de Iguala, sino que también se vieron involucrados, en episodios que piden investigar a fondo a la PGR, la policía estatal de Guerrero, la Policía Federal y el Ejército.
También solicitan a las autoridades investigar un quinto autobús que fue tomado por los estudiantes y perseguido por los agresores, pero no incluido en el expediente oficial, por si pudiera haber transportado droga o dinero y ser el verdadero móvil detrás del "desproporcionado ataque" a los muchachos normalistas.
