El primer candidato a diputado nacional por el Pro de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro, anunciará el retiro de su candidatura en medios de las denuncias por presuntas contrataciones irregulares del gobierno porteño de Mauricio Macri con una productora creada por el comentarista y un socio.
Este miércoles, voceros de la alianza opositora habían dejado trascender que el candidato presidencial del Pro había rechazado la renuncia de Niembro, pero luego se dio a conocer que el candidato se bajó.
La empresa en cuestión es La Usina y los contratos involucran al menos 23 millones de pesos.
Aunque es mayoría el sector de Cambiemos que a esta altura pedía apartar a Niembro de la campaña, el grupo que se resiste a soltarle la mano lo hace con la convicción de que ‘echarlo podría ser contraproducente’. La lógica es esta: en el PRO suponen que la denuncia contra Niembro –basada en un hecho real– se hizo ‘con el apoyo del Estado y con todo un conglomerado de medios oficialistas’ para beneficiar a Daniel Scioli y que no sería la última. Al contrario: ‘Van a venir por todo y por todos. Tienen millones de carpetas inventadas para sacar rédito político’, dicen.
Santiago Fioriti, en ClarínUn caso de campaña
Una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos consigna que las "164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19.473.878,30 nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública".
"Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa", agrega.
La Procelac consideró que Niembro y su socio "podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos", por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el juzgado nacional en lo criminal de instrucción número 23 sea remitida a la justicia federal.
Asimismo, consideraron que ambos socios fueron "beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la ciudad", y destacaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería "no pareciera" estar encuadrado en ese régimen excepcional que se "transformó en una suerte de regla inalterable".
