En el primer piso de la municipalidad de Jáchal el juzgado está movilizado. La ausencia del juez Pablo Oritja tiene al resto de los funcionarios y empleados judiciales atajando a los vecinos y periodistas que buscan las novedades. El juez subió ayer a la sede de Barrick en la cordillera para hacer una inspección ocular, junto a dos fiscales, y todavía no regresó.
La fiscal Graciela Del Pie argumenta que el campamento queda a más de 4 mil kilómetros de altura y el camino para llegar es sinuoso. Dice que no pudo siquiera hablar con el juez Oritja, ya que la señal allí arriba es muy mala.
El juez Oritja dio lugar el miércoles 16 a un amparo que involucró ocho medidas:
-Ordenó la inspección ocular de la mina Veladero
-Designó a un ingeniero especializado en minas de la Universidad Nacional de San Juan para la elaboración de un informe técnico
Designó a un veterinario “a fin de constatar la posible afectación de la fauna silvestre”
-Ordenó extraer muestras de tierra para analizar los rastros de elementos químicos contaminantes
-Solicitó informes detallados a la Policía Minera y la Gendarmería Nacional acerca de los procedimientos realizados en virtud del derrame
-Requirió también a la empresa MAGSA (representante de Barrick Gold) que informe por su cuenta sobre los hechos ocurridos y las acciones realizadas
-Suspendió el proceso de lixiviación por el término de cinco días
-Y ordenó a la empresa Minera Argentina Gold S.A. a que provea agua embotellada a las familias de los departamentos de Iglesia y Jáchal
Si bien el amparo fue solicitado por una persona particular, el derrame de cianuro en la mina Veladero de Barrick Gold acumula tres denuncias penales (entre ellas, la del fiscal de Estado y el Defensor del Pueblo) y dos civiles (una de la Municipalidad de Jáchal). La tipificación penal que lleva la causa es la infracción a la Ley 24051 de residuos peligrosos “pero es una calificación provisoria”, aclara la fiscal intervinente, Graciela Del Pie. “La causa puede avanzar hacia otras responsabilidades”.
La fiscal Del Pie llegó a Jáchal este martes, dos días después que se conociera la noticia del derrame, por disposición Fiscal General de la Corte y ante la ausencia por licencia del fiscal titular, Nicolás Oritja. Sí: su hijo Pablo es quien está a cargo de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, que interviene ahora en la causa contra Barrick.
El Fiscal general dispuso además una escudería de fiscales compuesta de dos fiscales de instrucción (los que acompañaron al juez en la inspección ocular) y un fiscal de Cámara. Cuatro fiscales que intervienen en la causa de distintas maneras, “pero la que va a estar permanente en la causa soy yo”, asegura Del Pie.
Sin embargo, de cumplirse la licencia del fiscal titular, la fiscal subrogante debería abandonar la causa.
Graciela Del Pie, ex fiscal de instrucción en la primera juridisdicción, está al tanto de todas las causas de Jáchal y no sólo la de Barrick. “Estoy interviniendo para todo: tengo una violación, pero no tengo ni tiempo de verlo”.
Su trabajo, dice, se centra en las tres causas penales presentadas y que motorizaron las medidas del juez. “Este es el comienzo de la investigación, yo no puedo hablar con certeza sobre las teorías de por qué ocurrió el derrame”, aclara, antes de avanzar en los detalles.
-¿Cuál va a ser la estrategia de investigación y acusación que va a tomar la fiscalía?
-Cuando nosotros tomamos una denuncia tenemos un desconocimiento total. Primero tomamos las medidas inmediatas, que fue cerrar el proceso de lixiviación y proveer de agua a los pueblos afectados. Ahora tenemos que determinar quiénes son los responsables de esto.
-¿La responsabilidad penal se personaliza contra un individuo o puede ser contra la empresa?
-La parte penal es contra personas, aunque ahora está el derecho penal empresarial que está surgiendo. Este tipo de delitos de medioambiente no los teníamos antes. Cuando surgen los intereses colectivos, los intereses macro sociales, se empieza a estudiar los delitos ambientales. Pero esto no tiene más de 15-20 años. La idea es que no hace falta que haya una lesión al bien jurídico o a una persona, sino que con la posibilidad que exista una lesión, se pune. Para eso hay que investigar.
-Además de las ocho medidas que ya se tomaron, ¿qué otras están evaluando?
-Vamos a tomar declaración testimonial al Ministro de Minería de la Provincia y al Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero.
-¿De la empresa a nadie?
-Sí. Solicitamos que se nos diga qué personal estaba al momento del incidente y los vamos a citar a todos. Recuerden que aquí va a haber una responsabilidad penal, de aquel que tuvo a su cargo el cuidado, puede ser culposo o doloso… Y una responsabilidad civil.
-¿Se imaginó que esta causa puede ser un puntapié para la prohibición de la megaminería contaminante en San Juan?
-De eso no te puedo hablar. Voy a hablar de lo que sé que es de derecho penal. Tengo mi opinión personal como tengo sobre el aborto. Yo doy clases en la universidad y no digo mi opinión sobre el aborto, lo vemos jurídicamente. No corresponde mi opinión personal porque estoy investigando. Si lo hago, me sacan.
-Existe mucha desconfianza por parte de la población en cuanto a la independencia de la investigación, ¿qué tiene para decirle a la asamblea que está allí en frente?
-Si el Fiscal General de la provincia, cuando yo le comunico la primera denuncia, manda tres fiscales más, es porque hay una seria preocpuación. Nuestro interés es velar por el pueblo y por su salud. Nosotros no tenemos nada que ver con cualquier empresa de afuera: nosotros respondemos única y exclusivamente a los intereses de la población.
Fuente: La Vaca
