Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, y ciudadanos en general se movilizaron este sábado a la plaza de la Constitución (El Zócalo) del Distrito Federal y en diversas ciudades de todo el país, en el primer aniversario del episodio que aún no fue esclarecido y causó un fuerte impacto negativo en la imagen del presidente Enrique Peña Nieto.
El presidente mantuvo en la noche de este viernes una tensa reunión con los padres en la que anunció que para mejorar la investigación dispuso un conjunto de medidas, entre las que sobresale la creación, dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
La iniciativa fue rechazada por los padres, en lo que significó una profundización del enfrentamiento entre familiares y el Ejecutivo, que se origina en la diferencia de opiniones acerca de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales atacaron varios ómnibus en la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de Ciudad de México, en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y un equipo juvenil de fútbol.
Los efectivos mataron a seis alumnos e hirieron a 25, y entregaron a otros 43 a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo con la investigación oficial, los mataron y cremaron en un basural del vecino municipio Cocula porque los confundieron con integrantes de Los Rojos, una banda rival.
Hasta ahora sólo se pudo identificar restos de dos estudiantes, uno de ellos con certeza no absoluta, a partir de estudios genéticos realizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Sin embargo, los familiares rechazan esa hipótesis porque no dan por válidas las muestras genéticas enviadas a Austria para el análisis, y mantienen la idea de que sus hijos fueron secuestrados por una banda dedicada a la trata de personas.
Además, apuntan que los jóvenes habían ido a Iguala secuestrar buses para viajar el 2 de octubre siguiente a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, una matanza de estudiantes ocurrida en 1968 en la capital mexicana.
Otras versiones aseguran que llegaban al lugar para a boicotear una ceremonia que tenía previsto encabezar la esposa del alcalde de Iguala, Angeles Pineda, que planeaba postularse para relevar a su marido José Luis Abarca, ahora ambos en prisión.
Un reciente informe de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concuerda con algunas tesis del gobierno, como la de que los estudiantes fueron entregados a una organización criminal, pero difiere en cuanto a si fueron asesinados y sus cuerpos quemados y sobre las posibles causas de su desaparición.
Los especialistas creen que podrían haber sido objeto de represalias porque uno de los buses en los que iban llevaba droga, dinero o armas.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) consideró insuficiente y tardía la creación de la fiscalía especial anunciada por Peña Nieto.
"Las familias de los desaparecidos merecen más que palabras y demostraciones superficiales de buena voluntad. Los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto no tendrán significado alguno para las familias de los desaparecidos si no producen resultados tangibles," dijo Perseo Quiroz, director de AI México.
Por su parte, el gobierno mexicano calificó el viernes de "compleja" la reunión de Peña Nieto con los padres. "Fue una reunión compleja como son todas las reuniones de desaparecidos. Ciertamente, dejarlos satisfechos es muy difícil", indicó el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, a Radio Fórmula, pese a que el jueves, ajeno a la respuesta de los familiares, el mandatario había agradecido por Twitter "la oportunidad" de haberse reunido con ellos.
A su vez, en una conferencia de prensa que brindó el viernes en el Zócalo capitalino, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, calificó la conversación como “ríspida y accidentada”.
"La reunión fue muy ríspida en su parte final; cuando él empezó a dar sus compromisos nosotros nos centramos rápido en la unidad especializada de investigación que propusimos, lo interrumpimos para decirle que diera respuesta puntual a eso, y al tema de la búsqueda y que ya no la hiciera la Marina, el Ejército, la Policía Federal, ni la Gendarmería, que se hiciera de forma independiente y con tecnología de punta”, refirió.
Según una encuesta publicada en agosto por Consulta Mitofsky, el caso Ayotzinapa es uno de los factores que más influyó en la caída de popularidad de Peña Nieto, junto con la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en julio.
Peña Nieto tiene en ese sondeo los niveles de aprobación más bajos en tres años de gestión, con un 36% de opiniones favorables y 61% desfavorables frente al 47 y 51%, respectivamente, de un año antes.
