Por cuarta vez -y habrá una quinta- el ex juez y ex prófugo de la justicia Otilio Romano declaró ante el tribunal del IV Juicio de Lesa Humanidad en Mendoza y que lo juzga junto a otros ex magistrados como cómplices y ejecutores de delitos que abarcan desde la omisión de justicia a la participación en homicidios, vejámenes y torturas a presos políticos.
La declaración del imputado fue interrumpida en tres ocasiones anteriores por aducir problemas de salud y cansancio.
Con respecto a los cargos por omisión que le endilgan cientos de víctimas y familiares por haber ignorado hábeas corpus por los detenidos, Romano apeló a una abultada bibliografía sobre las exigencias que implica tal calificación y esgrimió: “Debe haber capacidad real de ejecutar la acción de evitabilidad”. Y agregó: “En estos casos no había posibilidad de participar ni fáctica ni jurídicamente” .
En su cuarta jornada, el exmagistrado continuó declarando en su defensa, con la ausencia de gran parte de los demás imputados. Utilizó el “nosotros” para referenciar a sus colegas, y retomó el detalle de diferentes casos en donde en sus funciones como fiscal, junto a los otros letrados, dictaron sobreseimiento.
En el extenso y repetitivo detalle – que incluyó la lectura de ochenta casos, uno por uno– el exjuez se desligó de las figuras de asociación ilícita con el aparato represivo militar y apeló nuevamente a los conceptos del Estatuto de Roma para argumentar tecnicismos jurídicos en su favor. En este sentido expresó que su “comportamiento no respondía a un patrón regular”, que – según aquella norma- es una de las condiciones necesarias para incurrir en el dolo para los delitos de lesa humanidad.
“Como fiscal en la dictadura rescataba la libertad de expresión, nosotros la hacíamos respetar de acuerdo al caso que nos cabía”, expresó Romano. En diferentes tramos de la declaración, el exjuez se dirigió al Tribunal con preguntas retóricas y expresiones que incurrían a la ironía para desestimar las acusaciones que pesan en su contra.
Al término de la lectura de los casos, Romano expresó: “Esto es para demostrar que mi conducta no era regular ni sistemática”. Dijo, además, que “debe existir una entidad directa para que toda participación pueda entenderse como delito de lesa humanidad”, y agregó que “también debe contemplarse la presunción de inocencia”. Para fundamentar su posición leyó diferentes fallos de Tribunales Internacionales en la materia.
Como lo hiciera en ocasiones anteriores, el imputado volvió a esgrimir contra los representantes del Ministerio Público Fiscal sobre los cuales dijo que “se han atribuido la defensa de los derechos humanos, pero no se han fijado cuando nosotros defendíamos los derechos humanos en la dictadura, donde nos amenazaban de muerte”.
Romano instó al fiscal a determinar el móvil de los delitos de los que se le acusa y expresó su voluntad de ser sometido a una pericia psiquiátrica.
Sobre la justicia militar, dijo que los jueces no podían proporcionar impunidad, pero tampoco punir “porque éramos incompetentes para juzgar a los militares”. En aquel entonces, la Justicia Federal de la provincia no declaró su incompetencia, aún así este aspecto fue valorado por Romano al decir que “eso contribuyó a que existan los expedientes en la justicia federal porque los que se enviaron a la justicia militar, no volvieron más”.
Posteriormente, Romano se explayó sobre su huida a Chile. Sobre este hecho expresó que no se trató de una fuga “porque había solicitado asilo político ante las autoridades de aquel país”.
Por cuarta vez, el exmagistrado solicitó continuar con su declaratoria en una nueva jornada de debate. Este pedido fue aceptado por el presidente del Tribunal, Alejandro Piña, por lo cual, la ampliación testimonial continuará el próximo lunes 19 de octubre en la sala debate del primer piso del Tribunal Oral Federal Nº1.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
