El juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, dispuso un embargo preventivo de 5 millones de pesos sobre los bienes de cuatro imputados en una causa en la que se investigan maniobras de evasión tributaria a través de facturas apócrifas y declaraciones juradas engañosas.
En línea con lo solicitado desde el Ministerio Público Fiscal, el magistrado incluyó en la investigación la posible comisión del delito de lavado de activos con los montos originados en la evasión, utilizando como canal de blanqueo un grupo de firmas comerciales especialmente constituidas con ese fin. La Fiscalía Federal de San Rafael contó con la colaboración del área de Delitos tributarios contrabando, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, de la Procuración General de la Nación.
Así las cosas, Puigdéngolas ordenó “en forma precautoria” la intervención judicial de las sociedades comerciales vinculadas a los imputados con el objetivo de fiscalizar y establecer la eventual existencia de bienes “que puedan constituir el producto o provecho del delito”, y que hasta el momento no hayan podido ser identificados. Dicha fiscalización será llevada adelante por un contador público –designado por sorteo- quien tendrá facultades de veedor. En paralelo, el juez ordenó el congelamiento por 90 días de una cuenta corriente a nombre de una de las sociedades comerciales propiedad de los imputados, la cual mostró saldos superiores a los 1,5 millones de pesos entre los meses de marzo y mayo del corriente año. Asimismo, ordenó múltiples allanamientos, el secuestro de vehículos y citó a prestar declaración indagatoria a la totalidad de los acusados.
Cada una de las medidas cautelares dispuestas por el magistrado habían sido solicitadas por el fiscal federal Pablo Garciarena en su requerimiento de ampliación de la instrucción, donde sostuvo que la investigación patrimonial sobre los acusados –que arrojó la adquisición de una sociedad anónima y la constitución de otras tantas- permitía inferir la posible comisión de lavado de activos de origen delictivo.
“Se da en el presente caso la ‘verosimilitud del derecho reclamado’, toda vez que administrativamente se han determinado las presuntas evasiones impositivas objeto de la investigación, por importantes montos que a su vez permiten sospechar fundadamente podrían haberse utilizado en la adquisición de bienes y canalizados a través de figuras societarias y/o productos financieros, para pretender darles la apariencia de un origen ilícito”, consignó en su resolución el magistrado.
Evasión millonaria
La causa se originó a partir de una denuncia efectuada por la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) donde se daba cuenta de las irregularidades detectadas en el proceso de verificación y fiscalización del contribuyente y una sociedad comercial cuya responsabilidad compartiría con otros tres socios. De acuerdo a la presentación de la AFIP, el imputado habría evadido el pago del impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2010 y 2011 por $440.560,01 y $3.144.752 respectivamente, y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal 2011 por una suma de $1.586.962,87.
La evasión se habría cometido a través de declaraciones juradas “engañosas”, que no habrían reflejado la verdadera situación económica del contribuyente. En este sentido, se habrían acrecentado de manera deliberada los gastos, al tiempo que se computaron créditos fiscales improcedentes mediante la incorporación de facturas apócrifas. “Estas facturas fueron consideradas apócrifas con motivo de que no provendrían de quienes en realidad vendieron la mercadería facturada. Así se redujo indebidamente el saldo de impuesto a ingresar por tales tributos por los períodos fiscales integrantes de los ejercicios anuales mencionados”, señala el fallo. De este modo, la imputación original quedó encuadrada en la figura de evasión simple.
En tanto, la fiscalización sobre la sociedad comercial que compartiría con otros tres socios dio como resultado la posible comisión del delito de evasión del IVA en 2011 por más de $2,5 millones y del impuesto a las Ganancias del mismo período por casi $5 millones, también a través de declaraciones juradas ficticias. En ese caso, la imputación quedó encuadrada originalmente como evasión agravada.
Fuente: Fiscales.gob.ar
