La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con sede en San Rafael presentó denuncia penal por posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios a integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Nº 9-003 “Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce”, dependiente de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza.
El organismo humanitario recibió una nota firmada por 18 alumnas del Profesorado de Nivel Inicial, en la cual denunciaban reiteradas presiones de la Regencia y la Secretaría del establecimiento educativo para que firmaran “un documento para defender la institución y enviarlo a los medios”, cuyo motivo sería “dar a conocer cómo se vivió la jornada dentro de la institución”, en referencia a una protesta estudiantil ocurrida el 25 de marzo de 2013.
"Pero las alumnas aclaran en su misiva que aunque ingresaron en 2014, (lo cual era conocido por la Regente y la Secretaria), se sintieron intimidadas y cedieron a las presiones", señaló la APDH.
La entidad también denunció que los integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Normal "podrían haber incurrido en infracción a lo prescrito en el artículo 248 del Código Penal (abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos) por dictar una resolución (Nº 16/2012) en franca contradicción a la gratuidad garantizada en la Ley de Educación Nacional y la Ley Provincial de Educación. El acto administrativo que aranceló la matriculación en 2013, es reivindicado como legal en el libelo que se hizo firmar a las alumnas".
"Con el fin de contextualizar lo acaecido el 25 de marzo de 2013 en la Escuela Normal Nº 9-003 de San Rafael, cabe decir que los estudiantes -reunidos en asamblea- reclamaban contra el arancelamiento ilegítimo. Los hechos trascendieron a medios de prensa nacional y provincial cuando se difundió el inicio de un jury de enjuiciamiento contra el Juez de Faltas Oscar de Diego, acusado de mal desempeño de funciones por haber ofrecido la liberación de un alumno detenido por su propia mano, a cambio del desalojo de la Escuela Normal Nº 9-003 (y consecuente disolución de la asamblea que reclamaba el cumplimiento de la ley en cuanto a la gratuidad). La notoriedad de los hechos irregulares impulsó al Consejo Directivo a redactar la 'nota aclaratoria' que hicieron firmar a las alumnas denunciantes", señala un comunicado de la APDH.
En este caso intervino en mayo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien envió una carta a Francisco Pérez y a María Inés Abrile de Vollmer donde pidió “el cese de la violencia institucional en la Escuela Normal N° 9-003 de San Rafael y el cese de la persecución ideológica”.
