El gobierno de Francisco Pérez ofreció a los docentes un aumento del 26% escalonado en tres tramos, siendo el primero del 14%, a partir del 1º de febrero; el segundo de 6%, a partir de julio, y el tercero de 6% desde setiembre. El ofrecimiento asegura también que el sueldo inicial del docente que empieza a dar clases será como mínimo de $3.500 desde febrero.
La propuesta de aumento salarial es parte de un paquete que incluye medidas que facilitarán el acceso a cargos directivos de los docentes y la titularización de cargos no sólo de los educadores sino también de los celadores. En la propuesta también se suma una promesa oficial de largo aliento: el destino de 500 casas para docentes en distintos planes del Instituto Provincial de la Vivienda. Esa promesa es de cumplimiento imposible en durante el año que tiene de vigencia, en principio, la paritaria actual.
El paquete ofrecido por el gobierno como marco del ofrecimiento salarial, como aclaró el paritario del gobierno en la Subsecretaría de Trabajo, no es negociable en forma parcial, o lo aceptan o lo rechazan de forma completa los destinatarios. El mecanismo del SUTE para la resolución de los acuerdos paritarios exige que la propuesta sea analizada primera en las unidades de trabajo, esto es en las escuelas, luego en los plenarios departamentales y finalmente en el plenario provincial del gremio.
El ofrecimiento se produjo en medio de una concurrida reunión en la Subsecretaría de Trabajo, en la que un grupo de docentes y celadores le dio marco al encuentro desde las ubicaciones especialmente diseñadas para la participación de los trabajadores en los debates con el organismo como mediador. En general, la propuesta causó sorpresa porque se esperaban una mejora inferior a la planteada por Guzmán, que es 4,5 puntos superior a la última rechazada de plano por los educadores.
