"A todos nos cuentan las costillas, a los políticos. Y está bien, pero hay que controlar a los tres poderes", dijo la Presidenta durante la apertura de sesiones del Congreso, donde anunció una reforma judicial.
La Presidenta Cristina Fernández anunció durante la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto para que el Consejo de la Magistratura "tenga representación popular en la totalidad de sus integrantes". Además, dijo que el Ejecutivo va a presentar un proyecto para que sean públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios, legisladores y jueces, porque "los sueldos públicos los paga el pueblo".
"A todos nos cuentan las costillas, a los políticos. Y está bien, pero hay que controlar a los tres poderes", dijo la Presidenta durante la apertura de sesiones del Congreso. En el apartado dedicado al Poder Judicial, dio señales de una reforma que presentará el Ejecutivo para "democratizar" la Justicia.
Al mismo tiempo que dio pautas de las modificaciones que el Ejecutivo impulsará en el Poder Judicial desmintió las versiones sobre una avanzada oficialista para reformar la Constitución Nacional, de manera de poder presentarse a una nueva reelección.
"Quiero una Justicia democrática, no corporativa, sabiéndose que es parte del Estado y que debe aplicar la Constitución", justificó entre los objetivos que persigue la reforma judicial que promoverá desde este mes en el Congreso.
El primer anuncio en este aspecto fue referido al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar y evaluar a los magistrados.
"Tiene que tener representación ciudadana. La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo. Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos", afirmó bajo la atenta mirada del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
"Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada", continuó la mandataria en el último tramo de un discurso que demandó más de tres horas y media.
En otro orden pero siempre dentro del ámbito judicial, la mandataria anunció la diversificación de la instancia de casación (apelaciones) con la creación de una cámara en lo Civil y Comercial, una en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional, además de la existente.
El denominado plan democratizador del Poder Judicial también buscará modificar el acceso al sistema judicial. "Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde sólo accedan quienes son conocidos o parientes de; todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes tiene que estar en condiciones para aspirar a ingresar a la Justicia", afirmó.
"Si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones que haya sorteo público. Porque ingresar al Poder judicial no puede ser un privilegio; deben poder hacerlo todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo", remarcó.
También se avanzará para que exista el acceso público a los trámites de los expedientes que transitan los caminos de Tribunales. "Debe haber un acceso a la información para que todo el mundo sepa las causas que tiene cada juzgado", sostuvo Cristina Fernández.
Límite a las cautelares
La Presidenta también cuestionó el uso de las medidas cautelares contra el Estado en conflictos con consecuencias únicamente patrimoniales. "Las medidas de contenido estrictamente patrimonial contra el Estado no tiene sentido, porque el Estado tiene dinero de sobra para pagar y no puede declararse insolvente. Es más: lo que se debería exigir es una contracautelar", afirmó.
En este caso un ejemplo actual son las cautelares que consiguió el Grupo Clarín para evitar cumplir la Ley de Medios en la parte que limita la cantidad de licencias de medios audiovisuales en manos de cada grupo empresario.
Cristina Fernández expresó que "la medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de inequidad y denegación de administración de justicia".
