Elisa Carrió salió a anunciar que va a presentar un proyecto de Ley para impedir que el Presidente de la Nación designe jueces por decreto, como hizo su socio Mauricio Macri para cubrir dos vacantes de la Corte Suprema con abogados elegidos en función de las necesidades políticas de su gobierno y sin acuerdo del Senado.
La diputada de la Coalición Cívica, junto a Ernesto Sanz, una de las arquitectas de la campaña que llevó a Macri a la Casa Rosada. Carrió anunció por un comunicado remitido a los medios que presentará un proyecto contra la decisión de Macri, pero el Congreso está cerrado por el Presidente que ha decidido gobernar por decreto hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo. Para eso, sólo omitió convocar a extraordinarias, que son las sesiones para el tratamiento sólo de proyectos del Ejecutivo. Claramente, la puesta mediática de Carrió no tiene viabilidad coyuntural.
La Coalición Cívica comunicó que el proyecto de la jefa de la agrupación "tiene el objetivo de evitar designaciones que pudieran ser tachadas como de dudosa constitucionalidad, como lo son todas aquellas que omiten la intervención de alguno de los órganos o poderes llamados a intervenir por la Constitución Nacional".
Agregó que el proyecto de la diputada busca aclarar "las diferentes interpretaciones que en estos días se han manifestado respecto del art. 99 inc. 19 de la Constitución Nacional. No debemos perder de vista que los principios y garantías rectores de nuestra Carta Magna hacen imperiosa la preeminencia de una interpretación de las normas que regulan los procedimientos válidos para la designación de los jueces, que asegure en todos los casos, la designación de jueces naturales. Eso no ocurre con las designaciones en comisión realizadas en forma unilateral por el Poder Ejecutivo".
La iniciativa propone que el artículo 99 quede redactado de la siguiente forma:"Los jueces de la Nación son nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y, salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación. La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera sea el lugar donde desempeñe sus funciones. Este principio se aplicará igualmente para la retribución de todos los funcionarios y empleados de la justicia de la Nación".
