Francisco Pérez dimitió a la Presidencia del Consejo Provincial del Partido Justicialista por carta. Después de dar unas lecciones abreviadas sobre los roles en la política y lo que cada uno debe hacer, Pérez se declaró militante peronista necesitado de prescindir del cargo partidario que en la práctica dejó de ejercer unos meses después de asumirlo, a fines de 2014.
El ex gobernador aludió al rol de contralor que la sociedad le dio al peronismo y de que tiene que trabajar por los pobres el partido.
"Hoy es el momento de allanar todos los caminos para que nuestros compañeros Intendentes y legisladores puedan desarrollar plenamente su gestión frente a un nuevo escenario político que se avecina complejo, frente a un gobierno cuyas ideas centrales parecen conducirnos inexorablemente a la destrucción de empleos y la disminución de ingresos de los trabajadores", esgrimió en la ubicación temporal de la renuncia.
"Para un peronista ocupar un cargo es una circunstancia en la vida, lo permanente, lo que nos hace un movimiento político y social transformador, es que todos nosotros sin distinciones, más allá de nuestras legítimas diferencias, somos militantes", escribió en otro tramo de la dimisión el ex mandatario.
Gloria y caída de un elegido por el dedo del poder
Pérez fue candidato porque Juan Carlos Mazzón lo prefirió antes que a Alejandro Cazabán, la otra opción en el 2011. Luego fue gobernador por el arrastre presidencial de Cristina Fernández, reelecta entonces con el 54% de los votos.
En 2013 con la derrota en las urnas frente al radicalismo encabezado por Julio Cobos el poder del entonces gobernador quedó herido. Después se alineó con la campaña de Daniel Scioli para la Presidencia, detrás de Carlos Ciurca. En baja en la Casa Rosada, Pérez fue ungido jefe del partido a fines del 2014 como forma de encolumnar al PJ de Mendoza con Scioli.
En enero de 2015, decidió adelantar las elecciones provinciales para despegarse de la suerte electoral de Cristina Fernández. Desde entonces, perdió el control del gobierno porque sin el trato financiero especial del gobierno nacional no supo qué hacer para mantener la cosa pública funcionando. Al final pagó: se fue del gobierno acusado de ladrón por los medios a los que les pagó más de mil millones de pesos con fondos públicos en concepto de "difusión de los actos de gobierno".