Por Javier Polvani
@javierpolvani
La fiscal provincial Daniela Chaler llegó a la Casa de Gobierno cuando comenzaron a concentrarse frente al edificio los estatales que marcharon en contra del ajuste y los despidos de las administraciones del presidente Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. Chaler explicó a Explícito que su presencia en el palacio gubernamental obedeció a que corresponde al Ministerio Público tener presencia en un teatro de operaciones que tenía de un lado a los manifestantes y del otro al gobierno a cargo de las fuerzas policiales.
Chaler rechazó presuntos efectos judiciales del protocolo macrista antiprotesta. Dijo que su trabajo ante una manifestación es igual ahora que antes de difundirse el documento concebido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adoptado como propio por la administración de Cornejo.
La funcionaria del Ministerio Público esgrimió que se trasladó a Gobierno “para constatar si había comisión de delitos por parte de los manifestantes”. Si bien la mayoría de las fuentes gubernamentales a las que tuvo acceso este portal descartaron que la funcionaria judicial y los de la administración de Cornejo planificaran acciones conjuntas, la mediadora del Ministerio de Seguridad, Elizabeth Ormezzano, le dijo a Explícito que su misión se resolvió en forma conjunta por la fiscal con el viceministro de Seguridad, Néstor Majul, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.
No hubo represión, pero quedó la idea en el ambiente de que la fiscal Chaler podría avanzar en la imputación de algunos dirigentes por el delito de interrupción de la libre circulación. Dos fuentes cercanas a Cornejo, advirtieron a este medio que la fiscal dijo ante ellos que imputaría a los sindicalistas, aunque para hacerlo debería responsabilizar a los líderes gremiales, puesto que es imposible que extienda una imputación a las más de mil personas que estaban en la calle.
[youtube]qAA6sh8-8VQ[/youtube]Chaler dijo a Explícito que “se cometió un delito” y enfatizó que “no es necesario que se cometan desmanes para configurar un delito, el corte de calle en sí mismo lo es”. La fiscal no identificó responsables.
-¿Cuál es la participación de la Justicia respecto al protocolo nacional?
-La misma participación que hemos tenido siempre, constituirse en el lugar, ya sea el ayudante fiscal o el fiscal en turno, controlar que todo se realice en debida forma, que no haya represión, que se lleve adelante una mediación para liberar un carril de circulación; no se puede cortar una calle completa porque existe el derecho de otras personas a circular libremente por la calle.
-¿Hay cambios en el trabajo por el protocolo?
-Es lo mismo, en la medida que haya comisión de un delito el fiscal tomará las medidas que correspondan.
-¿Hubo comisión de delito hoy (miércoles)?
-En la media que se corta una calle hay un delito ya, no necesariamente tiene que haber destrozos para que haya delito. No se pueden cortar las calles completamente, por eso se los invita a que por lo menos liberen un carril o en este caso que se los invitó a trasladar la protesta a la playa de estacionamiento.