Sólo con dos votos en contra del FIT, todo el arco político del Senado avaló y convirtió en ley el proyecto enviado por Alfredo Cornejo para declarar a Mendoza en "Emergencia en Seguridad" por 18 meses prorrogables a dos años y tener así la potestad de compras directas sin proceso licitatorio, modificación de partidas presupuestarias y tomar deuda para construir cárceles.
La letra de la norma adhiere a la declaración nacional de emergencia impulsada por Patricia Bullrich, quien tras su paso por esta provincia a principios de febrero aceleró el envío del proyecto a la Legislatura.
El ministro Gianni Venier tendrá a su disposición 561 millones de pesos para "comprar móviles, 10 scanners fijos y móviles para los controles de fronteras, límites y lugares críticos; se desarrollará y actualizará el Sistema de Información Policial y se sumará equipamiento para seguridad vial como identificadores de patentes, de velocidad y radares, entre otros. También se adquirirán chalecos antibalas, uniformes policiales, pistolas 9mm, municiones y equipamiento especial", indica la letra de la normativa.
Uno de los puntos críticos de la norma, cuestionado por los legisladores de izquierda, dice que "Para la puesta en práctica de la norma, el Ejecutivo Provincial convoca al personal de las Policías de la Provincia de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones de igualdad en cuanto a lo remunerativo y a las condiciones laborales del personal en actividad". Esto "no es más que una intención de saturar los barrios con presencia policial, incluso de uniformados que hayan sido exonerados de la fuerza", remarcó el FIT.
La referente de la izquierda mendocina, Barbeito, señaló que “Cornejo es un demagogo y un hipócrita que quiere hacer de Mendoza una cárcel a cielo abierto. Con esta emergencia lo que quieren hacer pedir nueva deuda, comprar sin el debido proceso de licitación y darle mas poder a las fuerzas de seguridad en el marco de una creciente conflictividad social por la situación económica, los tarifazos y despidos que está impulsando la UCR y el PRO”.
Por último, plantearon que la “seguridad” de la que habla el oficialismo no es la seguridad de los jóvenes, trabajadores y mujeres que día a día sufren la violencia laboral, los acosos, la persecución policial, violencia de género.
